La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró al menos 60 muertes en las cárceles de la isla entre marzo de 2024 y marzo de 2025, según su informe anual publicado este viernes.
Esta plataforma independiente, con sede en México, precisó que 47 de esos fallecimientos estuvieron relacionados con la salud física y mental de las víctimas y la falta de atención médica oportuna, mientras que otros siete estuvieron ligados a violencia física directa.
Asimismo subrayó que por esos decesos «no existe evidencia de investigaciones ni sanciones» y en algunos casos, las familias ni siquiera pudieron acceder a los cuerpos o a los informes forenses, lo que considera «una violación de protocolos internacionales sobre muertes potencialmente ilícitas».
El CDPC registró también 1.330 violaciones de los derechos humanos de personas encarceladas, entre los que destacaron los casos de hostigamiento y represión (1.045 casos), negación de atención médica (402), condiciones inadecuadas de vida (297) y deficiencias alimentarias (224).
También denunció esta ONG el uso persistente del «aislamiento prolongado», los «traslados punitivos» y el «trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenazas», a la vez que criticó métodos de tortura como «la cama turca», «la bicicleta» y el uso de «shakiras», grilletes que inmovilizan por completo a las personas.
El informe detalló que de las 545 personas identificadas como víctimas, 329 se encontraban recluidas por motivos políticos, y que se documentaron 244 denuncias colectivas por afectaciones a poblaciones enteras en distintos centros penitenciarios.
Entre las víctimas contabilizó a 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, 99 con enfermedades crónicas, 37 con problemas de salud mental y nueve con discapacidades, y advirtió que esos grupos enfrentaron «niveles agravados de violencia, exclusión y castigo».
La ONG apuntó también que las condiciones materiales de las prisiones cubanas alcanzan niveles de «infrahumanidad» por «desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento extremo y ausencia de atención médica o medicamentos básicos».
Su directora, Camila Rodríguez, advirtió que «la magnitud, sistematicidad y gravedad de los hallazgos confirman una brecha crítica entre los compromisos internacionales asumidos formalmente por el Estado cubano y la realidad que enfrentan las personas privadas de libertad en las prisiones del país».
«El sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme», afirmó en sus conclusiones.
Por ello, el CDPC urgió a la comunidad internacional a mantener una «vigilancia activa» sobre las prisiones cubanas, exigirle a La Habana la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y promover mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.
EFE
