Venezuela descendió cuatro puntos en el ranking mundial de libertad en internet elaborado por la organización Freedom House, pasando de 30 al 26 —en una escala donde 100 representa mayor libertad—, y ubicándose entre los 10 países con peores condiciones digitales del mundo, junto a China (9), Myanmar (9), Irán (13), Rusia (17), Bielorrusia (20), Cuba (21), Vietnam (22), Arabia Saudita (25) y Sudán (27).
El informe “Freedom on the Net 2025”, que evalúa el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025, advierte que la libertad digital en Venezuela “declinó significativamente” durante el último año, en el contexto de la elección presidencial de julio de 2024 y su secuela represiva.
Según el documento, el régimen de Nicolás Maduro desplegó una campaña brutal contra opositores reales o percibidos, bloqueando medios independientes, plataformas de comunicación y herramientas para evadir la censura.
Censura, bloqueos y represión digital
La ONG venezolana VE sin Filtro reportó que más de 200 dominios fueron bloqueados entre julio de 2024 y enero de 2025, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral y la fraudulenta toma de posesión de Maduro. Entre los sitios censurados se encontraban páginas creadas por la oposición para publicar sus propios conteos de votos, que mostraban una victoria del candidato Edmundo González Urrutia.
Al cierre del periodo evaluado, 61 medios digitales independientes seguían bloqueados, junto con plataformas como X, Signal, YouTube, TikTok y Telegram. También se restringió el acceso a herramientas para evadir la censura.
Tras la fraudulenta proclamación de Maduro, las autoridades lanzaron la “Operación Tun-Tun”, una campaña de detenciones arbitrarias masivas contra disidentes, muchas veces por actividades en redes sociales o conversaciones en WhatsApp. Los arrestos fueron difundidos en redes oficiales mediante videos de confesiones forzadas, con el objetivo de disuadir la protesta y el disenso digital.
Manipulación informativa y leyes represivas
El informe también documenta una intensificación de las operaciones de manipulación digital por parte del régimen, incluyendo campañas de desinformación, ataques a la oposición y uso de cuentas falsas para amplificar narrativas oficialistas. La ONG Cazadores de Fake News calificó estas acciones como “superiores a episodios de años anteriores”.
En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional chavista aprobó la Ley Simón Bolívar, que permite imponer multas y revocar licencias a medios digitales que “promuevan” sanciones internacionales contra Venezuela. La redacción ambigua de la norma ha generado preocupación por su potencial uso para criminalizar la cobertura informativa sobre medidas internacionales.
Asimismo, en agosto de 2024 se aprobó una ley que faculta al régimen a disolver ONG que incurran en “discurso de odio”, “fascismo” o actividades políticas, conceptos vagamente definidos. La mayoría de los medios digitales que aún operan en el país están registrados como organizaciones sin fines de lucro, lo que los deja en situación de riesgo.
Vigilancia ciudadana y desapariciones forzadas
Tras las elecciones, el gobierno activó una nueva función en la aplicación estatal VenApp, que permite a los ciudadanos denunciar protestas y expresiones de disenso. Aunque Apple y Google retiraron la app de sus tiendas, su archivo APK sigue disponible, y el régimen ha promovido su uso como herramienta de vigilancia social.
Durante el periodo cubierto por el informe, numerosas personas fueron detenidas arbitrariamente por expresar opiniones en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Algunos fueron desaparecidos forzosamente, como el defensor de derechos humanos Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, quien estuvo desaparecido durante ocho días antes de ser liberado en enero de 2025.
Un entorno digital cada vez más hostil
Freedom House advierte que “internet está más controlado y manipulado hoy que nunca”, y que las condiciones se deterioraron en 27 de los 72 países analizados. Venezuela figura entre los casos más preocupantes, junto a Kenia y Georgia, mientras que China y Birmania siguen siendo los entornos más represivos del mundo.
En el caso venezolano, el informe concluye que el régimen ha cerrado casi todos los canales de disenso político, restringido libertades civiles y criminalizado la expresión digital, en un contexto de crisis humanitaria y migratoria que continúa agravándose.
