El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes la congelación inmediata de todos los activos que el exdictador venezolano Nicolás Maduro y personas asociadas a él posean en territorio suizo, una medida extraordinaria adoptada apenas dos días después de su arresto por fuerzas estadounidenses en Caracas.
La decisión, tomada bajo la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), busca impedir la fuga de fondos potencialmente ilícitos en un contexto de alta inestabilidad política en Venezuela.
En su comunicado oficial, el gobierno suizo explicó que la situación en Venezuela es “inestable” y que se prevén “diversos escenarios” en las próximas semanas tras la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos.
“El Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual”, señaló la autoridad helvética.
La congelación no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano, sino exclusivamente a Maduro y a personas de su entorno que no habían sido sancionadas previamente en Suiza.
La medida se suma a las sanciones ya aplicadas contra Venezuela desde 2018 bajo la Ley de Embargo, que también contempla restricciones financieras. Sin embargo, esta nueva acción bajo la FIAA está dirigida específicamente a individuos que hayan perdido el poder y cuyos activos podrían ser objeto de investigaciones futuras.
Suiza aclaró que no importa si la caída de Maduro ocurrió de forma legal o en violación del derecho internacional; lo determinante es que ya no ejerce poder y que ahora existe la posibilidad de que Venezuela inicie procedimientos judiciales sobre bienes presuntamente adquiridos de manera ilícita.
El Consejo Federal afirmó que, si en el futuro se demuestra que los fondos congelados provienen de actividades ilícitas, Suiza se compromete a garantizar que esos recursos sean devueltos en beneficio del pueblo venezolano.
La congelación facilitará eventuales procesos de asistencia judicial recíproca entre ambos países.
La medida entra en vigor de inmediato y permanecerá activa durante cuatro años, salvo que el Consejo Federal decida modificarla o levantarla antes.
