Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que terminó con su captura, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados ante un tribunal de Nueva York para ser imputados por conspiración para el narcoterrorismo y por introducir cocaína en Estados Unidos, así como otros delitos relacionados con armas.
Durante esas horas, el Departamento de Justicia publicó una ampliación de la imputación contra quien gobernó Venezuela durante 12 años, en la cual, para sorpresa de muchos, las referencias al Cartel de Los Soles no solo han casi desaparecido, sino que ya no se califica a este grupo como una “organización criminal conformada por altos funcionarios”, sino como un “sistema clientelar”.
Apenas en noviembre de 2025 el Departamento de Estado calificó al Cartel de Los Soles como una “organización terrorista extranjera” e insistió en su cabecilla era Nicolás Maduro. No obstante, este giro no implica que los señalamientos contra el ahora detenido se hayan suavizado.
“El acusado participó, perpetuó y protegió una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”, se lee en el documento de 25 páginas de extensión que firmaron el fiscal Jay Clayton y un jurado, cuya identidad se reservó por razones de seguridad.
“Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos”, se remata en el escrito.
¿Por qué Estados Unidos hace semejantes acusaciones? ¿Qué motivos tiene? La ONG Transparencia Venezuela en el exilio detalló las seis razones de la imputación:
1.Venta de pasaportes y traslado seguro de los pagos de la droga
Clayton acusa a Maduro de haber “manchado todos los cargos públicos que ha ocupado” para enviar las grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, para lo cual ha amparado y protegido a narcotraficantes.
“Como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los planes utilizados por los lavadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela”, se lee en el escrito, en el que se sostiene que estas acciones habrían ocurrido entre 2006 y 2008.
En 2017, la cadena estadounidense CNN publicó un reportaje en el que se denunciaba que pasaportes venezolanos eran vendidos en embajadas y consulados de Medio Oriente, y que algunos de sus compradores habrían sido miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá.
«En Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o pasaporte, hasta 15.000 dólares», dijo un exfuncionario venezolano de esa legación a la cadena, quien fue forzado a renunciar luego de denunciar la situación ante su superior.
«No les importa si el que tiene los 15.000 dólares es un terrorista o una anciana que quiere asilo en Europa», agregó.
En su momento el Gobierno no solo negó las acusaciones, sino que optó por prohibir las transmisiones de CNN en Venezuela como represalia.
La Fiscalía estadounidense también acusa a Maduro de ordenar a los embajadores que ayudaran a los traficantes a realizar sus negocios.
“Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero de la droga de México a Venezuela Maduro Moros facilitaba el traslado de aviones privados bajo protección diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero de la droga. El avión regresaba a Venezuela bajo protección diplomática”, se lee en el escrito.
2. Haciendo caja para seguir en el poder
La Fiscalía estadounidense afirma que Maduro y su entorno no solamente habrían recurrido al narcotráfico para enriquecerse personalmente, sino también para otros fines.
“Estos políticos utilizaban los pagos de la cocaína para mantener y aumentar su poder político”, se lee en el escrito.
En la imputación se asegura que Maduro habría establecido nexos con las guerrillas colombianas (FARC y ELN) y también con carteles mexicanos como el de Sinaloa, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán y Los Zetas. Y, por último, con la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua.
A todos estos grupos, los imputados y otros colaboradores “les proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia el norte, a EE.UU.”, a cambio de grandes sumas de dinero.
En 2007, la entonces diputada Cilia Flores habría recibido “cientos de miles de dólares” a cambio de organizar una reunión entre un traficante y el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol Torres.
“El narcotraficante posteriormente acordó pagar un soborno mensual a Reverol Torres, además de aproximadamente US$ 100.000 por cada vuelo que transportara cocaína para garantizar su seguridad, una parte de la cual se pagó posteriormente a Cilia Flores de Maduro. Alrededor de 2015, Reverol Torres fue acusado de delitos relacionados con narcóticos en el Distrito Este de Nueva York y se encuentra prófugo”, se lee en el escrito.
3. Un negocio familiar
A diferencia de la primera imputación contra Maduro presentada en 2020, en esta nueva no solo se señala al gobernante y a miembros o exmiembros de su gobierno, sino también a parte de su familia.
Así además de su esposa, Cilia Flores, también se acusa de estar implicado en actividades criminales a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, a quien se presenta con los alias de “Nicolasito” y “El Príncipe”.
¿Por qué el hijo? La Fiscalía de Estados Unidos asegura que en 2020 el parlamentario oficialista “asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las FARC” y que durante el encuentro “discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026”.
4. Los colectivos como escoltas
Además de las fuerzas militares, la pareja Maduro-Flores habría empleado civiles armados para proteger los cargamentos de drogas, asegura la Fiscalía de Estados Unidos.
“Maduro Moros y Flores de Maduro mantuvieron sus propios grupos de pandillas estatales, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico”, se lee en la imputación.
“Maduro Moros y Flores de Maduro también ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o de alguna otra manera perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas, Venezuela”, se remata.
5. Casos relacionados con aviones
El caso del vuelo 385 de Air France sería para la Fiscalía de Estados Unidos una prueba de la participación de Maduro y otras autoridades venezolanas en el tráfico de drogas.
El 11 de septiembre de 2013, dentro de un avión procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, la policía gala consiguió 30 maletas de cocaína, más de 1,3 toneladas.
“Tras la incautación, Maduro Moros logró una reunión con, entre otros, (Diosdado) Cabello Rondón y (Hugo) Carvajal Barrios. Durante la reunión, Maduro Moros les indicó a Cabello Rondón y Carvajal Barrios que no debían haber utilizado el Aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico tras la incautación de 2006 en México, y que, en su lugar, debían utilizar otras rutas y puntos de tráfico de drogas bien establecidos para el envío de cocaína”, se lee en la imputación.
Las autoridades consideran que las detenciones que se produjeron poco después en Venezuela fueron una cortina de humo para “desviar la atención” de los responsables de la operación.
A lo anterior hay que sumarle la sospecha de que aviones oficiales fueron empleados también para transportar drogas dentro del país.
“Entre 2014 y 2015, un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela en la Isla de Margarita coordinó hoteles, transporte, mujeres y alimentación para las visitas de funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’, el acusado, quien visitaba la Isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas”, se lee en el escrito.
6. El Tren de Aragua
Aunque las autoridades venezolanas consideran disuelta la megabanda del Tren de Aragua, desde Washington insisten en que el grupo no solo no está liquidado, sino que se ha expandido por América con el apoyo de Caracas.
En su imputación, el fiscal Clayton incluye al Tren de Aragua entre las organizaciones criminales con las que la pareja Maduro-Flores habría mantenido vínculos.
“Alrededor de 2019, el líder de Tren, Héctor Guerrero Flores (alias ‘El Niño Guerrero’), habló sobre narcotráfico con un individuo que, según él, colaboraba con el régimen venezolano. En múltiples llamadas, Guerrero Flores se ofreció a escoltar cargamentos de droga, explicando que Guerrero Flores y el Tren controlaban las costas del estado Aragua”, se asegura en el documento.
El próximo 17 de marzo está prevista la nueva comparecencia de Maduro y su esposa ante el juez Alvin Hellerstein.
