Familiares de rehenes argentinos secuestrados por el chavismo y de presos políticos venezolanos solicitaron este miércoles la intervención “institucional, visible y efectiva” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para lograr la liberación de las más de 800 personas que continúan detenidas arbitrariamente en Venezuela.
El pedido fue realizado durante una reunión, de más de una hora de duración, con Felipe Ajenjo, jefe de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Argentina. Los familiares entregaron una carta formal dirigida al Alto Comisionado en la que denuncian graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y la ausencia total de garantías judiciales.
En el documento, los familiares advierten que la privación de la libertad por razones políticas constituye una violación grave del derecho internacional y remarcan la falta de debido proceso, acceso a defensa técnica, independencia judicial y contacto con familiares y autoridades consulares.
Asimismo, subrayan el impacto físico y emocional que estas detenciones prolongadas generan en cientos de familias, muchas de ellas con niños y niñas separados de sus padres, y alertan sobre las condiciones de reclusión en centros de detención como El Helicoide, Rodeo I y Yare II, donde se perpetran torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los detenidos.
“Queremos que la ONU cumpla su papel y vele por los derechos humanos de todos nuestros familiares detenidos, que medie para lograr su liberación. La inacción y el silencio sólo prolonga el sufrimiento y el dolor”, expresó Vanessa Giuliani, hermana del abogado argentino Germán Giuliani, preso en la cárcel Yare II, a las afueras de Caracas.
Por su parte, María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, afirmó que “han sido 20 días de angustia e incertidumbre desde que se anunciaron unas liberaciones que aún no se completan en su totalidad. Es necesario poner fin a este terror. Nahuel tiene ya 416 días sometido a desaparición forzada, sin que se le haya permitido ni si quiera una llamada a su familia y mucho menos una visita”, reclamó.
Gabriela Hernández, hija de la defensora de derechos humanos venezolana Nélida Sánchez, advirtió que su madre enfrenta graves coniciones de salud en el centro de torturas El Helicoide. «Mi mamá padece asma, hipertensión arterial, fibromialgia, insuficiencia venosa profunda y antecedentes de trombosis venosa profunda, además de un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y depresión. El año pasado un cirujano cardiovascular recomendó una cirugía urgente de safenectomía para evitar una nueva trombosis. Sin embargo, la intervención nunca se realizó. Tampoco ha sido evaluada por un cardiólogo pese a presentar cardiomegalia y complicaciones derivadas de su hipertensión. Durante su reclusión, ha sufrido crisis de fibromialgia, infecciones urinarias, episodios de diarrea con deshidratación e infecciones respiratorias, sin recibir la atención especializada requerida».
Hernández envió un mensaje directo a la ONU: «Pedimos que el alto comisionado Volker Türk verifique las excarcelaciones. Aún hay más de 800 presos políticos esperando ser liberados, muchos de ellos en desaparición forzada y aislamiento. Pedimos que los representantes de Naciones Unidas visiten los centros de tortura y constaten las condiciones de reclsuión».
Los familiares exhortan al Alto Comisionado a impulsar acciones concretas y verificables para garantizar información sobre el paradero y las condiciones de detención de los presos políticos, acceso a defensa técnica, comunicación con familiares, asistencia consular, control judicial independiente y, en definitiva, el cese de las detenciones arbitrarias y la liberación inmediata de las personas privadas ilegítimamente de su libertad.
