Cuatro meses después del ataque armado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en la capital colombiana, Amnistía Internacional advirtió que las autoridades no han presentado avances claros en la investigación ni han garantizado plenamente la protección de las víctimas. La organización alertó que el caso refleja los riesgos que enfrentan miles de personas venezolanas que han huido de su país sin encontrar una protección internacional adecuada.
Valentina Ballesta, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó que el atentado no puede tratarse como un hecho aislado, sino como una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan migrantes y refugiados perseguidos por su activismo. “Este ataque no puede tratarse como un caso aislado. Refleja los riesgos que enfrentan personas migrantes y refugiadas, sobre todo quienes han sido perseguidas por su activismo. La obligación del Estado es proteger e investigar con urgencia. Cada día sin avances profundiza el daño”, señaló.
Colombia es actualmente el principal país receptor de personas venezolanas desplazadas por la prolongada crisis de derechos humanos en Venezuela. En este contexto, Amnistía Internacional recordó que los Estados tienen obligaciones claras bajo el derecho internacional: garantizar el acceso efectivo y sin demoras irrazonables a los procedimientos de refugio, adoptar medidas oportunas de protección frente a riesgos previsibles y actuar con debida diligencia para investigar y sancionar actos de violencia.
La organización subrayó que el caso de Velásquez y Peche evidencia cómo las trabas administrativas para reconocer el estatus de refugiado pueden aumentar los riesgos, especialmente en el caso de defensores de derechos humanos que requieren protección reforzada. “El caso de nuestro colega Yendri Velásquez y Luis Peche es ejemplo de cómo las trabas administrativas para reconocer oportunamente el estatus de refugiado generan riesgos, más aún en personas que defienden los derechos humanos”, afirmó Marcos Gómez, director de la Sección de Venezuela de Amnistía Internacional.
A cuatro meses del atentado, la ausencia de resultados efectivos en las investigaciones prolonga el sufrimiento de las víctimas y envía un mensaje peligroso de tolerancia frente a estos ataques, advirtió la organización. Amnistía Internacional recordó que Colombia enfrenta desde hace años una grave crisis de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y que la impunidad constituye también una forma de violencia, pues incumple el deber estatal de garantía y erosiona la confianza en las instituciones.
Yendri Velásquez, quien sobrevivió al ataque, expresó que tanto dentro como fuera de Venezuela las personas perseguidas viven con temor y dependen de la protección del Estado colombiano. “Hoy la gente vive con temor en Venezuela, y los que estamos fuera también. El Estado tiene la responsabilidad de protegernos y de investigar lo que pasó. Seguiremos denunciando porque el silencio no nos protegerá”, afirmó.
Amnistía Internacional instó a la Fiscalía General de la Nación a avanzar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial en la investigación del atentado, así como a garantizar medidas de protección adecuadas para las víctimas. La organización recordó además a las autoridades migratorias de Colombia y de la región que la protección internacional no es una concesión discrecional, sino un deber jurídico y una responsabilidad ética. Reiteró que continuará monitoreando el caso y exigiendo que ninguna agresión contra personas en necesidad de protección internacional quede en la impunidad.
