La ONG Transparencia Venezuela publicó un informe en el que exige la derogación de nueve leyes aprobadas entre 2014 y 2024 que «han permitido la consolidación de mecanismos represivos, reducen el espacio cívico, limitan el trabajo humanitario, restringen libertades fundamentales, concentran poder en el Ejecutivo, legalizan la opacidad en la gestión pública, debilitan el Estado de derecho, dificultan la recuperación económica y mantienen un alto riesgo de corrupción con gran impacto negativo en la vida de la gente».
El documento, titulado «Necesidad de derogar marco normativo restrictivo en Venezuela», sostiene que estas leyes carecen de bases constitucionales sólidas, contradicen estándares internacionales y son incompatibles con una democracia plural. El informe advierte que el uso de conceptos vagos como «odio», «seguridad nacional», «bloqueo» o «fascismo» facilita la penalización de la disidencia y la labor de la sociedad civil.
Las nueve leyes cuya derogación exige Transparencia Venezuela son:
La Ley de Fiscalización de ONG, conocida como la Ley Antisociedad, que impone una avalancha de trámites que hace inviable la operación de organizaciones civiles. Hasta junio de 2025, solo tres organizaciones de las 101 consultadas habían logrado inscribirse en el nuevo registro.
La Ley contra el Odio, que establece penas de hasta 20 años de prisión por expresiones ambiguamente definidas y permite el cierre de medios de comunicación, generando autocensura sistemática. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Maduro en 2017, un órgano que el informe considera incompetente para legislar.
La Ley Bolívar, que castiga con hasta 30 años de cárcel e inhabilitación de hasta 60 años para cargos públicos a quienes promuevan, apoyen o participen en la adopción de sanciones contra el régimen venezolano. También permite la extinción de dominio de los bienes de los señalados.
La Ley Antibloqueo, que autoriza al Ejecutivo a clasificar como reservada información sobre contratos y operaciones económicas, permite celebrar acuerdos con empresas sin divulgar sus condiciones y elimina el control parlamentario y fiscal. También fue aprobada por la ANC.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, que en la práctica no protege el derecho al acceso a la información, sino que lo limita al omitir el alcance del término «información pública» y no crear un órgano garante ni sanciones por incumplimiento.
La Ley de Precios Acordados, que impone controles administrativos que eliminan márgenes de ganancia reales, generan escasez e incentivan la informalidad y los mercados negros. Fue también aprobada por la ANC.
La Ley de IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras), que penaliza el uso de divisas, genera cargas fiscales desproporcionadas sin distinción de tamaño empresarial y ha forzado el cierre de empresas y la disminución de empleo formal.
La Ley de Pensiones, que crea cargas fiscales adicionales de hasta el 15% sobre el sector privado sin articulación con el sistema de seguridad social, afecta a empresas cerradas y sin personal, y cuya recaudación se desconoce porque la Ley de Presupuesto no se publica desde 2017.
El Régimen de Control Cambiario, vigente desde 2003, que ha generado distorsiones económicas, impedido el libre acceso a divisas y facilitado esquemas de corrupción que han ocasionado daños patrimoniales multimillonarios.
El informe argumenta que la derogación de estas normas es jurídicamente viable, no crea vacíos legales y es indispensable para restaurar la separación de poderes, garantizar libertades individuales y cívicas, reabrir el espacio democrático, fortalecer el Estado de derecho, incentivar la inversión y armonizar la legislación venezolana con los estándares democráticos internacionales. Varias de estas leyes contradicen recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la ONU, la OCDE, el GAFI y la Convención de Palermo.
Transparencia Venezuela concluye que «la derogación de estas normas es clave para una transición institucional, económica y democrática sostenible e íntegra de Venezuela» y que debe ser una Asamblea Nacional elegida en un proceso libre con plenas garantías la que se ocupe de crear y reformar las leyes que el país necesita.
