La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles su jurisdicción en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad “inmediata e incondicional”.
Por mayoría, los magistrados avalaron la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que en octubre pasado concluyó que la CPI puede investigar los presuntos crímenes cometidos durante la «guerra contra las drogas» en Filipinas entre 2011 y 2019, periodo en el que el país aún formaba parte del tribunal.
Filipinas notificó su retirada del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en marzo de 2018, y esta se hizo efectiva un año después.
No obstante, la CPI mantiene jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos en el país durante el periodo en que formaba parte del tratado.
La Sala subrayó hoy que los artículos del Estatuto relativos al ejercicio de la jurisdicción deben interpretarse junto con el artículo que regula la retirada de los Estados, y defendió una lectura “sistemática” del tratado acorde a su objetivo principal: evitar la impunidad por los crímenes más graves.
En ese sentido, los jueces consideraron que permitir a un Estado eludir sus responsabilidades retirándose del Estatuto una vez iniciadas las investigaciones sería incompatible con el propósito del tratado.
Al mismo tiempo, señalaron que la Corte tampoco puede ejercer jurisdicción de forma indefinida tras la salida de un país del Estatuto, por lo que su interpretación busca un “equilibrio adecuado” entre ambos principios.
Duterte está acusado de crímenes de lesa humanidad de asesinato y tentativa de asesinato durante su controvertida “guerra contra las drogas”, que, según la Fiscalía, constituyó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Filipinas.
El exmandatario filipino fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo de 2025, tras la emisión de una orden de arresto inicialmente secreta.
Su primera y única comparecencia tuvo lugar ese mismo mes, mientras que la audiencia de confirmación de cargos se celebró en febrero pasado en ausencia del propio Duterte, que ha estado renunciado –a través de sus abogados- a acudir personalmente a la sala del tribunal o a comparecer por videoconferencia.
La sentencia de este miércoles fue leída en una audiencia pública por una Sala integrada por cinco magistrados. EFE
