Este jueves 7 de mayo continuó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de los 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao (PoliChacao), víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y el desacato de órdenes judiciales de libertad entre 2016 y 2018.
Durante la jornada, el abogado Carlos Briceño, representante de las víctimas, denunció que el proceso penal contra los funcionarios fue utilizado como una «herramienta de persecución y no de búsqueda de la verdad», fundamentado en un expediente viciado desde su origen.
Graves violaciones de DDHH
Briceño enfatizó que la imputación contra los efectivos se basó en un arma de fuego que nunca formó parte del expediente instruido. «Quedó plenamente acreditado que las víctimas fueron sometidas a un conjunto de violaciones graves, sistemáticas y concatenadas», señaló el jurista ante los magistrados.
Recordó que los funcionarios se presentaron voluntariamente ante las autoridades el 20 de junio de 2016 al saber de la investigación, pero lo que siguió fue un «ciclo grave de violaciones».
La representación de las víctimas fue enfática al describir los métodos de investigación aplicados por los los custodios en el centro de torturas El Helicoide, en Caracas: asfixias con bolsas plásticas, golpes reiterados y electrocuciones.
«Estas prácticas no fueron aleatorias, tenían una finalidad específica: forzar confesiones o incriminaciones que sostuvieran una narrativa previamente establecida por autoridades del Estado venezolano», afirmó Briceño.
Abogados de exfuncionarios de PoliChacao detenidos en El Helicoide piden a la CorteIDH condenar al Estado venezolano: "Se utilizó la tortura para forzar confesiones o incriminaciones" https://t.co/zrH3WPD7YK pic.twitter.com/7uuZL6EMCs
— Monitoreamos (@monitoreamos) May 7, 2026
Incumplimiento de boletas de excarcelación
Uno de los puntos clave del caso es la «persistencia ilegítima de la detención». A pesar de que el 8 de agosto de 2016 se dictaron boletas de excarcelación porque el Ministerio Público reconoció no tener elementos para acusar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se negó a ejecutarlas.
Las víctimas permanecieron en prisión más de un año adicional. En diciembre de 2017, se produjo la liberación de 12 de ellos, no por mandato judicial, sino por una «decisión política discrecional» de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Dos de los funcionarios, Reggie Andrade y Fred Mavares, fueron excluidos de esa medida en su momento a pesar de tener boletas de libertad vigentes.
La audiencia, que inició el miércoles 5 de mayo, ha contado con los testimonios desgarradores de exfuncionarios como Fred Mavares, Ángel Sánchez Blanco y Venus Medina, quienes relataron ante el tribunal regional los horrores vividos en El Helicoide.
El Estado venezolano no acreditó representantes para comparecer ante la CorteIDH, dejando su asiento vacío frente a las denuncias de violaciones a la dignidad humana.
Las víctimas y sus representantes, las ONG Defiende Venezuela y la abogada Andrea Santacruz, exigen que la Corte determine la responsabilidad internacional del Estado, ordene reparaciones integrales y el cierre definitivo de El Helicoide como centro de detención.
