Las desapariciones forzadas en Venezuela aumentaron un 196 % en 2025 en comparación con el año anterior, con duraciones de «hasta más de 100 días», según el informe anual de la ONG Provea presentado este jueves.
«Vemos con preocupación el aumento drástico de las desapariciones forzadas en 2025», dijo la socióloga Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, quien indicó que se registraron 160 víctimas frente a las 54 de 2024.
Según la organización no gubernamental, más de 130 dirigentes sindicales «fueron detenidos arbitrariamente» en 2025 y «muchos sometidos a desaparición forzada».
Por otra parte, 336 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y militares, de las cuales el 54 % tenían entre 18 y 30 años de edad, y el Ministerio Público (Fiscalía), entonces encabezado por Tarek William Saab, «no investigó ninguna de estas muertes», aseguró González.
Con esta cifra del año pasado, Provea computa 10.853 personas «asesinadas por agentes del Estado venezolano desde el inicio del Gobierno de Nicolás Maduro», en 2013.
La ONG también registró el año pasado 659 denuncias de violaciones a la integridad personal, incluyendo torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
González señaló que hubo, al menos, 42 víctimas de tortura.
Por su parte, el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, aseguró que, tras un 2024 de «apagón democrático», el país vivió el año pasado «prácticamente la liquidación del Estado de derecho».
«Tuvimos, quizás, una tragedia como nunca la habíamos tenido en materia de derechos humanos», dijo.
Para Murillo, ha habido una ausencia de políticas públicas para «restaurar el daño y para revertir la impunidad y la enorme y profunda desigualdad que afecta a la población».
En 2026, prosiguió, el «aparato represivo del Estado permanece intacto, el marco normativo que lo sustenta sigue vigente y las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos aún no cuentan con garantías reales de verdad, justicia ni reparación».
«La estabilización del país solo será posible si existe un compromiso real por parte de las autoridades de avanzar en el desmantelamiento del andamiaje represivo construido a lo largo de los últimos veinte años», explicó Murillo.
En ese sentido, propuso la derogación de «leyes, normas y actos administrativos que han erosionado severamente las garantías de los derechos a la libre expresión, a la asociación y a la reunión pacífica», así como poner fin al empleo del sistema de justicia y de los organismos de seguridad «para la persecución de la disidencia política y el control social».
La ONG exigió la liberación «plena, incondicional e inmediata» de los cientos de presos políticos que permanecen detenidos y aseguró que la amnistía aprobada en febrero «no fue suficiente» y que su aplicación ha sido «discrecional y arbitraria».
Para Provea, no hay «un reto más importante en este momento y en los meses siguientes» que la reinstitucionalización del país y que se garantice la independencia de los poderes públicos. EFE
