La muerte de Carmen Teresa Navas volvió a poner en evidencia el impacto emocional y físico que han sufrido familiares de presos políticos en Venezuela. Con su fallecimiento, ya son al menos cinco las madres que han muerto desde noviembre de 2025 sin lograr reencontrarse plenamente con sus hijos en libertad o pocos días después de sus excarcelaciones.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que la demora en los procesos judiciales y la falta de información oficial agravaron el sufrimiento de estas familias, muchas de las cuales atravesaron enfermedades, crisis emocionales y desgaste físico mientras exigían respuestas sobre sus seres queridos.
Uno de los casos mencionados es el de Yenny Barrios, paciente oncológica que murió el 5 de noviembre de 2025. Siete días más tarde, las autoridades emitieron la boleta de excarcelación de su hijo, Diego Sierralta, quien no pudo despedirse de ella ni asistir a su funeral.
También figura Yarelis Salas, fallecida el 21 de enero de 2026 luego de sufrir un infarto tras participar en una vigilia frente a la cárcel de Tocorón para exigir la liberación de su hijo Kevin Orozco. El joven fue liberado cuatro días después de la muerte de su madre.
En otros casos, las madres lograron ver salir de prisión a sus hijos, aunque el deterioro de salud ya era irreversible. Carmen Dávila, de 90 años, murió el 22 de enero de 2026, dos días después de la excarcelación del doctor Jorge Yéspica. Sin embargo, sus allegados señalaron que la mujer permanecía inconsciente y no llegó a enterarse de la liberación.
Situación similar vivió Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, quien falleció el 27 de enero de 2026 tras sufrir un accidente cerebrovascular, apenas 13 días después de que su hijo recuperara la libertad luego de casi cuatro años detenido.
El caso más reciente es el de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas. Durante más de un año recorrió centros de reclusión e instituciones públicas intentando conocer el paradero de su hijo, desaparecido desde enero de 2025. Meses después, las autoridades del régimen confirmaron que el preso político había muerto bajo custodia estatal diez meses antes.
Diversas ONG han advertido que familiares de detenidos políticos enfrentan una “doble condena”: además de la ausencia de sus seres queridos, deben asumir gastos para suministrar alimentos y agua en prisión, mientras padecen incertidumbre constante por la falta de información oficial.
Informes elaborados por organizaciones de apoyo psicológico también reflejan el impacto de esta situación. Según esos estudios, 83 % de las personas evaluadas presentó síntomas de ansiedad, caracterizados por estados de hipervigilancia, tensión permanente e incapacidad para relajarse.
Asimismo, 74 % mostró cuadros depresivos asociados a desesperanza, pérdida de energía y sentimientos de impotencia frente a las instituciones del régimen. Los trastornos del sueño también aparecen entre las consecuencias más frecuentes, tanto en familiares como en personas excarceladas.
Los reportes alertan además sobre daños psicosociales y transgeneracionales derivados de la persecución política, señalando que la impunidad y la ausencia de justicia prolongan el trauma y dificultan los procesos de duelo de las víctimas y sus allegados.
Con información La Patilla
