La defensora de derechos humanos del pueblo pemón, Lisa Henrito, afirmó que el desmantelamiento de la minería ilegal en el estado Bolívar debe abordarse “de lo más alto a lo más bajo” y de manera progresiva, debido a la dependencia económica que se ha generado alrededor de esta actividad durante los últimos años.
Durante una entrevista en un programa de Radio Fe y Alegría Noticias, sostuvo que miles de personas han sido empujadas hacia las minas por la crisis económica y la falta de oportunidades para generar ingresos. “Este es un sistema impuesto y tú no puedes desmantelar esto, porque este sistema creó muchas dependencias (…) Es un proceso, porque sacando a esas personas a la fuerza solamente se crean más problemas”, expresó.
Henrito explicó que dentro de las minas existen al menos tres grupos: organizaciones criminales que controlan parte de la actividad, personas que colaboran con estas estructuras para sobrevivir y ciudadanos provenientes de distintas regiones del país que llegaron obligados por la necesidad económica.
Señaló que la minería se convirtió en una de las principales actividades económicas de la región, donde gran parte de las transacciones se realizan con oro y, en menor medida, con dólares o reales brasileños, e indicó que muchas de las personas que ingresan o salen de las minas no tenían experiencia previa en esta labor, sino que acudieron a ella para sostener a sus familias.
Recordó que la expansión minera se intensificó a partir de 2016 y ha dejado consecuencias ambientales y sociales significativas, como la contaminación de ríos, la destrucción de morichales, el aumento del paludismo y la adopción de conductas violentas vinculadas a sindicatos criminales.
“Tenemos una generación de jóvenes perdidos y si no buscamos la manera de rescatarlos, está en peligro todo un pueblo”, alertó. Henrito agregó que las mujeres indígenas enfrentan una carga creciente al asumir solas el sostenimiento de sus hogares y afirmó que, aunque la minería forma parte de la realidad económica actual de la región, es necesario aplicar la ley, establecer controles más estrictos y concentrar cualquier explotación mineral en áreas previamente intervenidas para evitar la apertura de nuevos espacios.
Con información de Radio Fe y Alegría
