La presa política Emirlendris Carolina Benítez Rosales cumple ocho años detenida arbitrariamente por el régimen chavista, tras haber sido detenida el 5 de agosto de 2018, cuando las autoridades la vincularon falsamente con el supuesto atentado con drones contra el dictador Nicolás Maduro.
Benítez fue arrestada luego de que abordara un servicio de taxi prestado por su pareja. Sin pruebas creíbles en su contra, fue acusada de delitos como terrorismo y asociación para delinquir.
Durante su custodia inicial permaneció desaparecida e incomunicada por más de 45 días. Estando embarazada de cuatro meses, fue sometida a severas torturas por parte de organismos de seguridad del Estado que le causaron la pérdida involuntaria de su embarazo y secuelas físicas permanentes que terminaron postrándola en una silla de ruedas.
En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó una medida de protección. Dos años después, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que su detención es arbitraria y solicitó su libertad inmediata. Ese mismo año, el exdirector del SEBIN, general Manuel Cristopher Figuera, declaró públicamente que «la joven de apellido Benítez no tiene nada que ver en ese caso».
En agosto de 2022, tras un proceso judicial sin garantías, Benítez fue condenada a la pena máxima de 30 años de prisión. Su caso ha sido calificado como prisión política y denunciado por organizaciones internacionales de derechos humanos.
En 2023, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado de EE.UU. exigió su liberación. Ese mismo año y en 2024, Amnistía Internacional emitió acciones urgentes solicitando su liberación y atención médica inmediatas.
En 2025, ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron ante las violaciones a sus derechos humanos.
