El diputado Jorge Millán, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en el proceso político promovido por EE.UU., informó que la incorporación de la banca en el programa de atención a las personas que perdieron sus viviendas hace auditable el proceso de entrega de recursos a los afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
Millán subrayó que el objetivo principal de las mesas de trabajo es asegurar un mecanismo directo y transparente para la entrega de la ayuda humanitaria a quienes hoy la requieren de manera urgente. «El foco central debe ser la preocupación por atender a las víctimas y asegurar que el dinero de todos los venezolanos llegue al ciudadano para resolver sus problemas urgentes», afirmó. «Se ha logrado la participación del sector privado, específicamente de la banca privada, para generar transparencia, establecer mecanismos de auditoría sobre los recursos y garantizar una atención efectiva y rápida a las personas».
Banca privada será garante de transparencia
Ante la preocupación de que los fondos de asistencia no llegasen a las familias que perdieron sus viviendas, la delegación de la AN 2015 promovió la incorporación del sistema bancario nacional para superar las trabas operativas que habían impedido su integración por parte del régimen interino. Con este acuerdo, el programa de atención a las víctimas del terremoto permitirá a la mesa técnica supervisar el flujo de los recursos económicos, facilitando un acceso rápido a las viviendas y a la asistencia de emergencia para los damnificados.
La delegación reiteró su compromiso de mantener una comunicación fluida sobre los avances del proceso, priorizando la respuesta social frente a la emergencia humanitaria que atraviesa el país desde hace dos meses.
Transformación del Poder Judicial
El primer ciclo de conversaciones también priorizó la reestructuración del Poder Judicial, al considerarla la única manera de garantizar la estabilidad democrática y la integridad electoral. Entre los acuerdos presentados destacan la reforma de las leyes que rigen el sistema judicial, incluida la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y leyes conexas del sistema penal, penitenciario y de seguridad pública.
También se acordó el inicio, desde cero, del proceso para la renovación de las 32 magistraturas principales y sus suplencias; la reconfiguración del Comité de Postulaciones Judiciales, que permitirá que, de 23 integrantes, 12 sean representantes de la sociedad civil; y la creación del Consejo Independiente de Verificación, un mecanismo técnico para la evaluación estricta de credenciales y el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los postulados.
