La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes, en primera legislatura de las dos necesarias, una reforma constitucional que excluye de participar en cargos de elección popular a los llamados «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial.
La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León, establece en su artículo 47 que no podrán ser candidatos ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», término que la dictadura de Daniel Ortega ha aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La reforma también excluye a «quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado», así como a quienes «insistan o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento proveniente del extranjero» o «propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros, y sanciones contra el Estado de Nicaragua». El texto añade a quienes hayan «violentado los principios fundamentales» de la Constitución. Las personas alcanzadas por estas prohibiciones tampoco podrán integrar la junta directiva de ningún partido u organización política.
La reforma, impulsada por el copresidente Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007, debe ser aprobada en dos legislaturas distintas —la actual y la próxima, entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027— para entrar en vigor.
Ortega es quien más tiempo ha ostentado el poder en Nicaragua, con 30 años acumulados: coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990. El exguerrillero retornó al poder en 2007, gracias a un acuerdo secreto que mantuvo desde 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán, que derivó en una reforma constitucional que bajó al 35% el mínimo necesario para ganar unas elecciones presidenciales.
La reforma también establece que el período de siete años aplicará para los copresidentes de la República, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos, y los jefes del Ejército y la Policía. El Parlamento nicaragüense avanzó con estas reformas luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país «no volverá a haber elecciones».
Desde 2017, Ortega dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, como copresidenta, gracias a una reforma constitucional de 2025. Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que ahora estarían previstas para noviembre de 2027.
