La organización Laboratorio de Paz advirtió que «no habrá inversión sostenible ni reconstrucción duradera sin instituciones legítimas» en Venezuela, en un comunicado que analiza las implicaciones de los recientes acuerdos petroleros anunciados entre el régimen chavista y Estados Unidos.
«Los recientes acuerdos petroleros han abierto la discusión sobre el futuro económico de Venezuela. Desde Laboratorio de Paz recordamos una dimensión fundamental: cualquier inversión de largo plazo necesita seguridad jurídica, y no puede haber seguridad jurídica plena sin autoridades legítimas e instituciones confiables», señaló la organización.
La ONG reconoció que Venezuela necesita inversión nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja, recuperar su industria petrolera, generar empleos, restablecer los servicios públicos y reconstruir viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto. Sin embargo, precisó: «El problema no es que lleguen inversiones. El desafío es garantizar que puedan permanecer y contribuir sosteniblemente al bienestar de la población».
Laboratorio de Paz citó varios artículos de la Constitución para sustentar su advertencia. El artículo 5 establece que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo», mientras el artículo 6 define al gobierno venezolano como democrático, electivo, alternativo y responsable. El artículo 137 agrega que los órganos del Poder Público solo pueden ejercer las atribuciones que les confieren la Constitución y la ley, y el artículo 138 establece que «toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».
Según la organización, esa legitimidad democrática tiene consecuencias económicas concretas: cuando existen cuestionamientos fundamentales sobre el origen y duración del mandato de quienes ejercen el poder, esa incertidumbre alcanza también las decisiones y contratos que pretenden comprometer al país durante décadas. «Un contrato puede cumplir formalidades, tener una duración de 25 ó 50 años y seguir teniendo una debilidad fundamental: la falta de legitimidad de las instituciones que lo hicieron posible», sostuvo.
La organización recordó además que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes de dominio público, que el artículo 150 establece controles para determinados contratos de interés público, y que el artículo 141 obliga a la Administración Pública a actuar bajo principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento a la ley. «Los acuerdos sobre recursos estratégicos deben ser públicos, transparentes y sometidos a los controles constitucionales correspondientes. Esto no constituye un obstáculo para la inversión: es una garantía para el país y también para quienes invierten», afirmó.
Laboratorio de Paz advirtió que el mismo problema se presentará durante la reconstrucción posterior a los terremotos de junio, ya que Venezuela necesitará inversiones importantes en vivienda, hospitales, escuelas, electricidad, agua, carreteras e infraestructura, con horizontes de varias décadas. «Quienes participen en ellos necesitarán saber que los compromisos asumidos hoy serán reconocidos mañana», sostuvo la organización, que llamó a que esta disposición sea tomada en serio «no solamente por los venezolanos, sino también por cualquier Estado, empresa o inversionista que considere establecer compromisos de largo plazo con Venezuela».
La ONG concluyó que «no habrá reconstrucción material sostenible sin reconstrucción institucional», y sostuvo que reconstruir Venezuela significa también recuperar instituciones confiables, controles democráticos, transparencia, tribunales independientes y autoridades cuya legitimidad provenga de la soberanía popular. En ese sentido, afirmó que la celebración de elecciones presidenciales «auténticas, competitivas y creíbles» no constituye solamente una exigencia política, sino también una condición para disminuir la incertidumbre, recuperar confianza y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que el país necesita.
