El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este martes la derogación inmediata de la Ley Constitucional contra el Odio, al considerar que esta normativa ha sido utilizada para criminalizar la libertad de expresión y perseguir a periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela.
El gremio señaló que la legislación contempla penas de hasta 20 años de prisión y ha sido aplicada contra trabajadores de la prensa que informan, cuestionan al poder o expresan posiciones críticas. El SNTP también ha incluido la derogación de esta ley entre las medidas estructurales que considera necesarias para recuperar las garantías para el ejercicio periodístico.
Según el sindicato, 40 periodistas y trabajadores de la prensa estaban presos o sometidos a procesos judiciales a enero de 2026, de los cuales 28 enfrentaban acusaciones bajo esta figura. Esto significa, de acuerdo con sus datos, que siete de cada 10 periodistas presos o judicializados enfrentaban cargos por incitación o promoción al odio.
El SNTP advirtió que la gravedad de las penas previstas en la legislación ha convertido esta figura en un mecanismo para criminalizar expresiones y aumentar los riesgos asociados al ejercicio del periodismo.
La organización insistió en que la derogación no debe limitarse a dejar de aplicar la normativa, sino que también debe alcanzar los procesos iniciados bajo su amparo.
“Las causas, medidas cautelares y otras restricciones derivadas de la aplicación de esta ley tienen que ser revisadas y cerradas. No basta con dejar de aplicarla. Hay que derogarla y cerrar las causas que produjo”, sostuvo el sindicato.
El SNTP recordó además que a comienzos de agosto sus representantes plantearon ante Dinorah Figuera y otros delegados de la AN de 2015 vinculados a la mesa de diálogo con Jorge Rodríguez la necesidad de revisar esta normativa y otros mecanismos utilizados para perseguir a la prensa independiente.
La exigencia ocurre en un contexto en el que organizaciones defensoras de la libertad de expresión continúan señalando la vigencia de la Ley contra el Odio como uno de los principales instrumentos legales utilizados para restringir la libertad de expresión en Venezuela.
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