La ONG Espacio Público informó este viernes 18 de septiembre que un tribunal decretó el sobreseimiento de la causa contra su director ejecutivo, Carlos Correa, con lo que se cierra el proceso penal por acusaciones que, según la organización, carecían de todo fundamento desde el primer día.
La decisión, adoptada a solicitud del propio Ministerio Público, pone fin al proceso por presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, asociación, legitimación de capitales, conspiración y traición a la patria. Espacio Público precisó que el tribunal fundamentó el sobreseimiento en que el hecho objeto del proceso no le puede ser atribuido, conforme al artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), y afirmó que la labor que Correa y la organización realizan desde hace más de dos décadas en defensa de la libertad de expresión «no es, ni ha sido nunca», motivo para tal acusación.
La organización agradeció a las organizaciones nacionales e internacionales, gremios, universidades, medios y miles de personas que mantuvieron el interés en el caso y se pronunciaron a favor de Correa, y afirmó que esa solidaridad sostenida fue determinante para el desenlace.
Un proceso arbitrario
El caso de Correa se remonta al 7 de enero de 2025, cuando fue secuestrado por agentes del régimen chavista en Caracas y sometido a desaparición forzada durante más de una semana. Durante ese tiempo, su esposa, Mabel Calderín, recorrió distintos centros de detención, incluido el centro de torturas El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin que le confirmaran su paradero.
El defensor de derechos humanos fue finalmente excarcelado la madrugada del 16 de enero de 2025, aunque, según denunció entonces Espacio Público, la organización desconocía las medidas cautelares que le fueron impuestas y no tenía acceso a su expediente. Casi dos años después, la causa quedó formalmente cerrada con el sobreseimiento decretado esta semana.
Espacio Público advirtió, sin embargo, que este cierre no puede hacer olvidar a quienes siguen detenidos o sometidos a procesos arbitrarios en Venezuela, y llamó a no bajar la guardia hasta lograr su liberación plena. «Seguimos trabajando, con la misma convicción de siempre, por la libertad de expresión, el acceso a la información y la democracia. Defender derechos no es un delito», concluyó la organización.
