La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «profunda preocupación» por los integrantes y exintegrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de otros cuerpos de seguridad que permanecen presos por motivos políticos en Venezuela y son procesados en la jurisdicción penal militar. El organismo urgió al régimen chavista a liberarlos de inmediato y sin condiciones, y expresó su solidaridad con sus familiares, que denuncian falta de información y de comunicación.
Según la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al 20 de septiembre había al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB y de cuerpos policiales y de seguridad presos por motivos políticos. De ellos, 165 estaban en servicio activo y 31 retirados al momento de su detención; ocho son mujeres y al menos 14 tendrían un estado de salud grave. Foro Penal registraba, al 14 de septiembre, 144 militares entre las 344 personas que considera presas políticas. La CIDH atribuyó la diferencia a los criterios de cada organización y subrayó la necesidad de contar con datos oficiales.
La Comisión recordó que el 18 de agosto, según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fueron excarcelados cinco militares recluidos en Ramo Verde, pero sus procesos siguen abiertos y quedaron sujetos a medidas como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y de declarar ante medios.
La mayoría de los detenidos provienen de la DGCIM, el SEBIN, el GOES, las FAES y la propia FANB. Según información de la sociedad civil, los delitos invocados con más frecuencia son conspiración, imputada fuera del contexto de manifestaciones, y rebelión civil. Los detenidos están en centros militares y penitenciarios ordinarios, entre ellos el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional, Ramo Verde, Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I, Yare II y Tocorón.
Muertes bajo custodia y condiciones de detención
La CIDH tomó nota «con extrema preocupación» de denuncias de muertes bajo custodia y de condiciones incompatibles con la dignidad humana. Según JEP, murieron bajo custodia cuatro integrantes de la FANB y dos exfuncionarios de seguridad; Foro Penal informó de cuatro fallecidos, tres de la DGCIM y uno del SEBIN. Se denuncian además incomunicación prolongada, visitas severamente restringidas, reclusión en espacios sin ventilación y tan reducidos que impiden desplazarse, y negación de atención médica.
La Comisión advirtió que, cuando la custodia recae en los mismos cuerpos de inteligencia que practicaron la detención, el Estado tiene un «deber reforzado» de garantizar la integridad de los detenidos, su acceso a una defensa de confianza y la supervisión independiente de las condiciones de reclusión. Recordó que en 2019 otorgó medidas cautelares a todas las personas privadas de libertad en la sede de la DGCIM, y que a la fecha ha otorgado 20 medidas cautelares a militares presos por motivos políticos.
Amnistía de alcance limitado y justicia militar
La CIDH observó que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026, tiene un alcance limitado para los militares: solo cubre delitos cometidos en el contexto de trece hechos enumerados en su artículo 8, excluye expresamente la rebelión militar respecto de los sucesos de enero a abril de 2019, y su artículo 9 excluye a quienes sean procesados por acciones armadas contra la República por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras.
La Comisión citó además la sentencia de la Corte IDH en el caso Poggioli Pérez vs. Venezuela (2024), que reiteró que la jurisdicción penal militar debe ser restrictiva y excepcional, y que declaró violado el derecho a ser juzgado por un tribunal competente al someter a un general en retiro a la justicia militar, según lo ya establecido en el caso Usón Ramírez vs. Venezuela.
La CIDH reiteró su llamado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los militares, a sobreseerlas o absolverlas, y a dejar sin efecto los procesos y restricciones derivados de esas detenciones, y pidió al Estado abstenerse de usar la privación de libertad y la justicia militar como mecanismo de persecución.
