La Justicia chilena condenó este jueves a 20 años de cárcel a Maickel David Villegas Rodríguez, miembro de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, por el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en 2024. Es la primera condena por este crimen dictada tras un juicio oral.
El Segundo Tribunal de Juicio Oral en Penal de Santiago, integrado por los magistrados Jorge Candia (presidente), María Carolina Herrera y Gloria Canales (redactora), lo declaró autor del delito consumado, en resolución unánime (causa rol 264-2026), según la nota del Poder Judicial. El proceso comenzó el 10 de septiembre.
El tribunal consignó que la pena que legalmente corresponde a Villegas es presidio perpetuo, ya que el artículo 141 del Código Penal sanciona el secuestro con homicidio con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Sin embargo, la sentencia se ajustó a presidio mayor en su grado máximo por el compromiso que Chile asumió al obtener su extradición desde Costa Rica.
Según el fallo, el Estado chileno se comprometió a no imponerle la pena de muerte ni una superior al máximo que permite la legislación costarricense, que es de 50 años. Ese compromiso, indicó el tribunal, obliga a todos los órganos del Estado y su incumplimiento comprometería la responsabilidad internacional de Chile. Las penas de presidio perpetuo, por su carácter indeterminado, son incompatibles con ese límite.
«No porque concurra alguna causa legal de rebaja, que no la hay, sino únicamente para dar cumplimiento a la garantía otorgada al Estado requerido», el tribunal impuso la pena temporal más próxima, que va de 15 años y un día a 20 años, y la fijó en el máximo, que es lo que pidieron el Ministerio Público y los querellantes. Rechazó la petición de la defensa de aplicar 15 años y un día.
Una muerte lenta y cruel
El tribunal describió un hecho de una gravedad que «excede con mucho la de un secuestro común». Según el fallo, la víctima fue sacada de su hogar de madrugada, en presencia de su cónyuge y de su hijo de seis años, por hombres armados que se hicieron pasar por policías. Ojeda era refugiado reconocido por Chile y, por eso, el Estado le debía protección.
Permaneció cautivo y atado, fue golpeado y murió «mediante un procedimiento lento y cruel»: fue suspendido de las extremidades superiores, sin punto de apoyo, hasta el agotamiento progresivo de su musculatura respiratoria. La sentencia lo califica de «tormento» en el lenguaje común, aunque aclara que no le atribuye el alcance de una figura penal distinta a la acusada. El crimen se cometió desde el 21 de febrero de 2024 en la comuna de Independencia y otras de la Región Metropolitana.
El tribunal consideró que concurrían una agravante (artículo 12 N.º 5) y una atenuante (irreprochable conducta anterior, artículo 11 N.º 6), que compensó entre sí. Además, impuso la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos, y la inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena. Una vez ejecutoriado el fallo, se tomarán muestras biológicas para el registro nacional de ADN de condenados.
Crimen con movil político
Villegas, extraditado desde Costa Rica en noviembre de 2024, fue señalado por la Fiscalía como el encargado de recopilar material audiovisual para acreditar la ejecución del secuestro y homicidio. Habría actuado como parte de la célula del Tren de Aragua conocida como «Los Piratas».
Otros tres implicados ya habían recibido condenas en Chile mediante procedimiento abreviado. Ojeda, de 32 años al ser asesinado, había huido de Venezuela en 2017 tras ser acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro, y Chile le concedió estatus de refugiado a finales de 2023.
El Ministerio Público apunta a presuntos pagos de parte de la cúpula política venezolana, específicamente del ministro chavista Diosdado Cabello, a líderes de la organización criminal. «Este juicio oral es con respecto a sólo un imputado (Villegas), existen aristas que se encuentran abiertas dentro de las que se encuentra el móvil político», dijo el fiscal Álex Cortez.
En la causa se identificó a 32 personas. Dieciséis de ellas, ya procesadas en Chile, enfrentarán un juicio oral masivo desde el 20 de octubre, entre ellas Rafael Gámez Salas, alias «El Turko», líder de la banda en Chile, extraditado desde Estados Unidos a finales de agosto, y Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias «El Gocho», extraditado desde Colombia. Mientras siguen vigentes seis órdenes de detención.
