Las delegaciones de la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista reanudan este viernes 13 de noviembre el cuarto ciclo de la mesa de diálogo, la primera ronda desde que la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó al país el 25 de octubre.
El ciclo comienza centrado en concretar medidas en materia de garantías políticas y civiles, introducidas en la ronda anterior, cuando se anunció la revisión de leyes que la oposición considera herramientas de persecución política.
Una de ellas es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en lo relativo al proceso de inhabilitaciones políticas. Esas sanciones afectaron a Machado, que fue inhabilitada para ser candidata en las elecciones de 2024.
La diputada de la AN 2015 Desiree Barboza, delegada de la oposición, dijo a EFE que no hay una lista de inhabilitados para presentar en la mesa. El objetivo, explicó, es que no se repitan estas medidas, que afectan a decenas de dirigentes. «Nosotros más que trabajar con nombres directamente o empezar a manejar listas, estamos trabajando con la raíz, que en este caso es el ordenamiento jurídico, que es la ley«, afirmó.
La oposición aspira a que lo hecho «de manera indebida o no apegado a la Constitución» quede «automáticamente anulado». Si queda algún caso particular por resolver, «tendrá que tomar otros procesos».
También está previsto abordar cambios en la Ley de partidos políticos, para regularizar partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Expectativa sobre el CNE
También hay expectativa por la posibilidad de que la mesa de diálogo avance con la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE). Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. dijo el 26 de octubre que en esta próxima ronda de la mesa de diálogo se abordaría la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Tenemos que reformar el CNE y luego sustituir a sus integrantes”, afirmó el alto funcionario estadounidense, que añadió que esa conversación ya había comenzado.
Según el funcionario, el CNE pasaría a ser una instancia técnica, con funciones similares a las de las oficinas electorales de los condados en EE.UU. “Instalar las máquinas, abrir los centros de votación, contar los votos y reportar los resultados”, dijo. Agregó que el organismo “ya no podrá sacar candidatos de la boleta ni decidir quién puede postularse y quién no”.
Los nuevos integrantes serían propuestos por un comité de expertos, sin ratificación de la Asamblea Nacional, por “acuerdo mutuo de ambas partes”.
El 9 de noviembre, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el plan “avanza según lo previsto”. Calificó al TSJ y al CNE como “dos cosas esenciales” y dijo que el nuevo CNE debe ser “administrativo, no político”.
