La organización Acceso a la Justicia propuso ajustes al baremo que el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) publicó el 2 de noviembre de 2026 para evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La ONG reconoce la publicación como un avance en transparencia, pero afirma que su diseño tiene deficiencias metodológicas y normativas respecto de la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ).
El baremo tiene un máximo de 100 puntos. Según Acceso a la Justicia, asigna puntos por años de experiencia sin verificar antes el cumplimiento de los requisitos mínimos del artículo 263 de la Constitución, que exige 15 años de ejercicio profesional, docencia universitaria o carrera judicial.
Requisitos mínimos convertidos en techo
La ONG sostiene que el baremo convierte un requisito mínimo en un puntaje máximo. En la trayectoria profesional otorga 0,8 puntos por año hasta llegar a 12 puntos a los 15 años, y no reconoce más puntos a quien supere ese tiempo.
Acceso a la Justicia advierte que esto permitiría que un aspirante sin los 15 años exigidos compense la carencia con puntos de otros renglones, incluida la entrevista, que vale hasta 15 puntos. Podría así alcanzar una calificación alta e incluso ser seleccionado sin cumplir los requisitos constitucionales.
En la experiencia docente, dice, el baremo no distingue entre los 15 años mínimos y la experiencia adicional, ni exige la condición de profesor titular que prevé la Constitución. En la vía jurisdiccional, afirma, parece equiparar la antigüedad en el sistema de justicia con una verdadera carrera judicial.
Desequilibrios entre las tres vías
La organización señala que en la trayectoria profesional el baremo limita la valoración a pocas actividades y da mérito a funciones vinculadas al Estado, como la representación judicial de la República ante tribunales extranjeros o la redacción de proyectos de ley. En el perfil docente, valora con hasta 5 puntos los cargos de dirección y cogobierno universitario, lo que podría perjudicar a profesores con trayectoria en aulas e investigación.
En el perfil jurisdiccional, indica, no se toma en cuenta el artículo 255 de la Constitución, que exige concursos de oposición públicos para el ingreso y ascenso en la carrera judicial. Esos concursos, añade, no se realizan en Venezuela desde 2003. Tampoco hay indicadores para medir el «reconocido prestigio», la independencia, la imparcialidad ni el respeto al debido proceso.
Formación académica y entrevista
Cada una de las tres vías de acceso vale hasta 19 puntos. La formación académica y la producción intelectual es el renglón de mayor puntaje, con hasta 28. Acceso a la Justicia pide distinguir el posgrado exigido por el artículo 37.8 de la LOTSJ de los méritos adicionales, y establecer criterios de calidad y pertinencia, no solo de acumulación de títulos.
La entrevista pondera la independencia, la honorabilidad y la integridad, pero sin indicadores ni escalas específicas, según la ONG. Esto deja el 15 % de la nota expuesto a valoraciones discrecionales.
La organización cita además declaraciones del 3 de noviembre de María Luisa Chacón, integrante del CPJ por la sociedad civil. Chacón dijo que se examinarán la salud mental, los antecedentes personales y la reputación digital de los aspirantes. Esos datos podrían cruzarse con el Saime, el Cicpc y el Ministerio Público, con amparo en el artículo 72 de la LOTSJ.
Acceso a la Justicia afirma que ambos aspectos carecen de reglas claras. Advierte que un diagnóstico psicológico no equivale a falta de capacidad y que la reputación digital podría usarse para descalificar opiniones críticas o la defensa de derechos humanos.
También pide verificar de forma rigurosa la honorabilidad para evitar que accedan al TSJ personas responsables de graves violaciones de derechos humanos señaladas en informes de la ONU, sin limitarse a los antecedentes penales.
Cuatro exigencias
Acceso a la Justicia plantea cuatro medidas. La primera es verificar antes los requisitos constitucionales y legales, sin compensarlos con puntos de otros renglones, y reconocer la experiencia que supere el mínimo. La segunda es corregir los desequilibrios entre las tres vías, sin privilegiar funciones estatales frente al ejercicio independiente.
La tercera es fijar criterios objetivos para verificar la competencia, la honorabilidad y la independencia, sin exclusiones arbitrarias. La cuarta es reducir la discrecionalidad con una rúbrica pública para la entrevista, indicadores específicos, identificación de los evaluadores y publicación de las calificaciones individuales y sus fundamentos.
La ONG sostiene que el éxito del proceso no debe juzgarse solo por el cumplimiento de sus etapas formales, sino por la selección de magistrados que reúnan las condiciones constitucionales y legales.
