Guyana anunció que presentará en la fecha marcada las alegaciones solicitadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a ese país y Venezuela para dirimir la disputa fronteriza entre los dos estados sudamericanos fronterizos.
EFE
El representante de la República de Guyana en la disputa ante la CIJ, Carl Greenidge, dijo este lunes en declaraciones a medios locales que su país tendrá toda la documentación preparada para el 8 de marzo de 2022.
De acuerdo con la orden de la CIJ, Guyana tiene hasta el 8 de marzo de 2022 para presentar sus alegaciones, mientras que Venezuela, en cambio, dispone de un año más, hasta el 8 de marzo de 2023.
Greenidge explicó que la orden de la CIJ responde al intento de mediar entre las solicitudes que ambos países hicieron durante una reunión virtual celebrada el pasado 26 de febrero para avanzar respecto a la disputa territorial.
«La CIJ ha respondido a la solicitud de los dos países con diferentes períodos de tiempo. Dijimos que nuestro caso estaría listo en nueve meses, mientras que Venezuela señaló que el suyo estaría listo entre un año y un año y medio», puntualizó el antiguo canciller de Guyana (2015-2019).
«Los venezolanos no pueden quejarse de que es poco tiempo, porque propusieron 12 meses», explicó.
El periodo de tiempo es más que necesario
Según Greenidge, el período de tiempo otorgado por la CIJ es más largo de lo necesario, tras subrayar que Guyana, efectivamente, estará lista para el día marcado.
«Es poco probable que Venezuela participe, pero se les ha dado el tiempo. Veamos qué harán con él», destacó el funcionario.
«Y si les das dos años, no habrá diferencia porque todavía van a intentar prolongarlo, ese es su propósito«, precisó Greenidge.
Guyana había acogido con beneplácito la decisión del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en 2018, de que la CIJ fuera el foro de solución a la controversia entre los dos países.
Guyana se acercó a la CIJ en 2018
Guyana se acercó a la CIJ en 2018 en busca de una sentencia definitiva y vinculante para reforzar que el Laudo Arbitral de 1899 siga siendo válido y vinculante para todas las partes, además de una afirmación legal de que la región del Esequibo, que contiene gran parte de los recursos naturales de Guyana, no pertenece a Venezuela.
La solicitud de Guyana de marzo de 2018 ante la CIJ se presentó con base en la recomendación del secretario General de las Naciones Unidas, luego de un proceso fallido de buenos oficios entre los estados vecinos.
En una decisión del 18 de diciembre de 2020, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para juzgar el caso de controversia fronteriza, después de que Venezuela se negara a participar en los procedimientos legales.
La CIJ concluyó que tanto Guyana como Venezuela consintieron en un arreglo judicial cuando firmaron el Acuerdo de Ginebra -una herramienta por la que se comprometían a buscar una solución amistosa para la disputa-, ya que el proceso judicial a través de la CIJ es uno de los medios de que dispone el secretario general para poner fin a la controversia, por lo que entiende que la decisión de la corte es vinculante para ambas partes.
Territorio en disputa
El territorio en disputa, denominado Guayana Esequiba en Venezuela y dividida en varias regiones en la República de Guyana, abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua colonia británica.
En esa zona, la compañía ExxonMobil ha encontrado grandes yacimientos petrolíferos gracias a los cuales Guyana esperaba producir unos 120.000 barriles de petróleo, una cifra que según varias estimaciones podría alcanzar un arco de entre 700.000 y un millón de barriles diarios a mediados de la presente década.
La tensión entre los dos países se vio incrementada en los últimos meses después de que las autoridades de Caracas apresaran dos pesqueros de bandera de Guyana al alegar que faenaban en sus aguas territoriales.
El último incidente se produjo después de que hace pocas semanas el Gobierno de Guayana denunciara la supuesta violación de su espacio aéreo por parte de aviones militares de Venezuela, que habrían sobrevolado instalaciones policiales y del Ejército del país suramericano en una zona fronteriza.
