El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, considera «muy grave» la nueva normativa que el régimen publicó en Gaceta Oficial, la cual obliga a las ONG del país a registrarse en la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Uzcátegui explicó que esta normativa «obliga a las organizaciones a entregar toda la información sobre sus actividades al gobierno, incluyendo la lista de personas beneficiarias». «Para una ONG de DDHH esto es MUY GRAVE, pues las coacciona para que digan los nombres y apellidos de las víctimas», escribió este miércoles en Twitter.
Además, destacó que la creación del «Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo» busca que las víctimas de violaciones a los derechos humanos no asistan a las ONG a denunciar.
«Esta normativa tiene el objetivo de que las víctimas de violaciones de DDHH se inhiban de ir a una ONG, pues sus victimarios sabrían que está intentando denunciar y obtener justicia, con todas las represalias imaginables en un régimen no democrático», aseguró.
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