La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un nuevo informe las precarias condiciones de los centros de detención en Venezuela y los abusos a los que son sometidas las personas privadas de libertad.
“Las condiciones de detención, entre ellas el hacinamiento, las instalaciones sanitarias e higiénicas inadecuadas y la falta de acceso a una alimentación adecuada, al agua potable, al tratamiento de enfermedades, a actividades útiles y al ejercicio al aire libre, permanecen en general por detrás de las normas internacionales”, reveló el documento en cuanto a las condiciones a las que sobreviven los privados de libertad en todo el territorio nacional.
El informe hace mención a que durante el tiempo que abarca la investigación, entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 320 muertes de reclusos, 226 de ellos a causa de una enfermedad.
“Según el Fiscal General, en diciembre de 2020 había 22.759 personas en prisión preventiva. La situación de las personas detenidas en centros de detención policial continuó siendo particularmente preocupante. Se denunciaron condiciones de grave hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, falta de saneamiento, acceso limitado al agua y falta de atención médica, así como violencia sexual contra las mujeres. La mayoría de los centros de detención preventiva, según lo reportado, no proporcionan alimentos a las personas detenidas, dejando a los familiares o a las organizaciones benéficas como únicos proveedores de alimentos”.
Violencia sexual contra las mujeres
En el nuevo informe, Bachelet afirmó que recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva. La ACNUDH mencionó que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres.
“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. La ACNUDH pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.
El documento revela, además, que las ya precarias condiciones de detención se deterioraron aún más en muchos centros de privación de libertad, agravadas por la disminución de los recursos financieros, la falta de mantenimiento y las medidas adoptadas para prevenir el contagio en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).
La suspensión de las visitas el 13 de marzo de 2020, para prevenir la propagación del virus causante de la COVID-19, dejó a las personas privadas de libertad sin acceso a sus familias o abogados y abogadas. Las visitas fueron retomadas en septiembre de 2020 en los centros gestionados por el Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, y posteriormente en los centros de detención militar, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos. La continuación, regularidad y ampliación de las visitas es fundamental para garantizar las condiciones adecuadas de detención y el derecho a la defensa”.
Asimismo, confirmó que la alimentación en los centros de detención estaba por debajo de los estándares y era insuficiente. Las restricciones a las visitas familiares también impactaron en el acceso a los alimentos de las personas detenidas, que a menudo dependen de sus familiares para que les proporcionen fuentes de alimentación suplementarias para satisfacer sus necesidades nutricionales.
Aunque muchos centros de detención aceptan alimentos de los familiares, las fuentes denunciaron irregularidades en su entrega a las personas detenidas. Esta situación agravó la malnutrición reportada en los centros de detención.
Muertes bajo custodia
La ACNUDH también se mostró preocupada por las muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad.
En ese sentido, señaló que ni la policía ni los órganos de investigación tienen el mandato legal de mantener a personas detenidas bajo custodia más allá del límite de 48 horas.
En el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la ley prohíbe expresamente mantener a personas detenidas en sus instalaciones. Sin embargo, en la práctica, las personas detenidas pueden permanecer en centros de detención preventiva durante meses o años, a la espera de su comparecencia y juicio ante los tribunales.
