Una veintena de organizaciones humanitarias internacionales y bielorrusas exigieron este viernes la liberación de siete defensores de Derechos Humanos, una reivindicación que se realiza a un año del inicio de la “caza de brujas” del régimen contra la agrupación Viasna, a la que pertenecen los detenidos.
Por Infobae
En el primer aniversario de la “ofensiva sin precedentes” contra el Centro de Derechos Humanos Viasna en Bielorrusia, las organizaciones lanzaron una campaña bajo el lema ‘#FreeViasna’ para demandar la liberación de los detenidos, y para poner de relieve la difícil situación de cientos de personas enjuiciadas y encarceladas “únicamente por ejercer su derecho de reunión pacífica y su libertad de expresión”.
“Hoy se cumple un año del comienzo de la vergonzosa caza de brujas de las autoridades bielorrusas contra Viasna, inaugurada con la detención arbitraria de Marfa Rabkova, coordinadora de voluntariado de Viasna. En los meses siguientes, otros seis miembros de esta organización se encontraron entre rejas y acusados de delitos infundados por llevar a cabo su legítima labor de derechos humanos”, han lamentado las agrupaciones.
El 16 de febrero de 2021, funcionarios encargados de cumplir la ley de Bielorrusia allanaron las secciones de Viasna en Minsk, Homel, Mahilyou, Vitsebsk, Brest y otras ciudades, así como los domicilios de miembros del personal.
Así, en marzo de 2021, el Comité de Investigación de Bielorrusia, organismo responsable de las investigaciones penales, abrió una causa penal por las actividades de Viasna señalándola por “organización y preparación de acciones que violan gravemente el orden público o participación activa en tales acciones”.
Por último, el 14 de julio de 2021, tras el allanamiento de más de doce organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos de Bielorrusia, entre ellas Viasna, se procedió a la detención de Ales Bialiatski, presidente de Viasna, Valiantsin Stefanovich, miembro de la junta directiva y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Uladzimir Labkovich, abogado de Viasna.
Según denunciaron las organizaciones, todos han sido acusados formalmente por “evasión fiscal”, lo que conlleva una pena máxima de siete años de cárcel.
