El Consejo Nacional de Defensa Judicial del Gobierno interino emitió este viernes un comunicado en el que instó a las personas que conozcan hechos de corrupción a que hagan las denuncias en las instancias correspondientes, tales como la Contraloría Especial y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en 2015.
«A todo aquel que tenga conocimiento de hechos de corrupción en la gestión de los activos y de las empresas de la Republica en el exterior, a denunciarlos de manera formal y concreta ante las instancias arriba mencionadas, a fin de salvaguardarlos y, al mismo tiempo, para no arrojar sombras de sospecha que, por la generalidad de las insinuaciones, comprometen la imagen, honorabilidad y credibilidad de los hombres y mujeres que forman parte de la administración del gobierno interino, en función de un compromiso histórico por el rescate de la constitucionalidad, la libertad y la democracia del pueblo venezolano», llamaron en el comunicado.
Además, consideraron que «cualquier propuesta en materia de estrategias para resguardo o salvamento de activos debe ser responsable y debidamente planteada ante las instancias competentes».
Asimismo, advirtieron que «declaraciones sin orientación estratégica alguna podrían configurar elementos probatorios susceptibles de ser utilizados por contrapartes, todo lo cual pondría en riesgo decisiones judiciales que hoy espera la Republica en diversas causas y distintas jurisdicciones, precisamente, en relación a sus activos e intereses».
A continuación el comunicado íntegro:
COMUNICADO
El Consejo Nacional de Defensa Judicial, órgano creado en el marco de la Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero, se dirige a la nación venezolana y a la comunidad internacional en la oportunidad de fijar criterio ante las denuncias de hechos de corrupción en la gestión de los activos y de las empresas de la Republica en el exterior;
Considerando
Que de conformidad con lo establecido en la “Ley para la Organización y Funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela” y su Reglamento, así como de las regulaciones que al respecto existen en la “Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal” y demás leyes relacionadas con la materia, estas instancias son competentes para determinar abrir investigaciones y determinar las responsabilidades a que hubiere lugar cuando de la ocurrencia de hechos de corrupción se trate;
Considerando
Que toda persona, sea o no funcionario público, que tenga conocimiento de actos de corrupción, tiene el deber de denunciarlos ante las autoridades competentes de la jurisdicción donde se encuentren y también ante el Contralor Especial, quien, articuladamente con el Consejo Especial de Contraloría, ambos designados por la Legitima Asamblea Nacional, y junto a la Comisión de Contraloría dicho cuerpo legislativo, ejercen funciones contraloras posteriores o concomitantes relativas a la vigilancia y fiscalización de recursos y fondos públicos;
Considerando
Que quien estuviere al tanto de hechos de corrupción y no los denuncie ante las autoridades precedentemente indicadas se hace cómplice de ellas;
Insta
A todo aquel que tenga conocimiento de hechos de corrupción en la gestión de los activos y de las empresas de la Republica en el exterior, a denunciarlos de manera formal y concreta ante las instancias arriba mencionadas, a fin de salvaguardarlos y, al mismo tiempo, para no arrojar sombras de sospecha que, por la generalidad de las insinuaciones, comprometen la imagen, honorabilidad y credibilidad de los hombres y mujeres que forman parte de la administración del gobierno interino, en función de un compromiso histórico por el rescate de la constitucionalidad, la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Igualmente, cualquier propuesta en materia de estrategias para resguardo o salvamento de activos debe ser responsable y debidamente planteada ante las instancias competentes, declaraciones sin orientación estratégica alguna podrían configurar elementos probatorios susceptibles de ser utilizados por contrapartes, todo lo cual pondría en riesgo decisiones judiciales que hoy espera la Republica en diversas causas y distintas jurisdicciones, precisamente, en relación a sus activos e intereses
CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL
