Son múltiples las denuncias por violaciones contra los derechos humanos de los privados de libertad que permanecen en los calabozos de la División Nacional contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Hatillo: presunto abuso sexual, torturas y retardo procesal son solo algunos de los casos recabados por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Durante lo que va del mes de diciembre, los familiares reclamaron a puertas del Ministerio de Servicios Penitenciarios sin recibir respuestas, mientras que los presos decidieron iniciar una huelga de hambre con la participación de algunos familiares también, en un intento desesperado por ser escuchados y auxiliados ante tanta desidia.
A pesar que estos calabozos no dependen del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), los familiares decidieron llevar a cabo sus protestas a puertas de este organismo como medida para agotar todos los recursos hasta obtener una respuesta.
Asimismo lograron formular su denuncia ante el director general del CICPC, Douglas Rico, pero hasta hoy no ha sido tomada ninguna acción, como la remoción o reemplazo del funcionario responsable del
Durante el 2021 el OVP recabó denuncias de estos calabozos que fueron hechas públicas en cuatro oportunidades. En los otros casos, se les hizo acompañamiento a los familiares que pidieron que no fueran publicadas por miedo a represalias.
Hasta la fecha ninguna de las denuncias realizadas han sido procesadas por algún organismo, así como tampoco han logrado el cese de la violencia dentro de este recinto policial.
El pasado 20 de diciembre, el mismo día que iniciaron la huelga de hambre, los familiares fueron convocados para reunirse en la cuestionada Asamblea Nacional chavista junto a diputados miembros de la comisión de familia, donde fueron recibidas sus denuncias y se les solicitó “mantener la calma por el mes de diciembre”, ya que la comisión asignada para asuntos penitenciarios no estará laborando en estas fechas.
Mientras que se espera por respuesta o acuerdo, los presos sobreviven bajo amenazas, son guindados por los brazos a manera de tortura y son presuntamente violados con palos y otros objetos por sus genitales.
Sumado a esta grave situación está la escasez de alimentos. Al igual que la mayoría de las cárceles en todo el territorio nacional, son los familiares quienes deben entregar comida diariamente pero, según denunciaron, los mismos funcionarios que la reciben se encargan de sacarla de los envases y mezclarla con gusanos y vidrios.
Los presos del CICPC de El Hatillo tampoco reciben agua potable, solo la que pueden llevar los familiares y en muchas ocasiones limitan el líquido a unos cuantos litros nada más.
Cabe destacar que en este centro de detención se encuentran recluidos más de 60 presos, algunos con más de 3 a 5 años esperando por traslados. Esta también es una de las peticiones para que culmine la huelga de hambre: la agilización de los procesos judiciales y traslados a recintos penitenciarios.
