La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como ‘ley ómnibus’, proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei, fue aprobada tanto en general como en su articulado, por lo que obtuvo la media sanción en Diputados y ahora deberá pasar al Senado.
Después de casi 26 horas de debate, entre el texto general y el análisis de los capítulos que lo integran, la Cámara baja aprobó el proyecto más ambicioso del Gobierno del libertario, que debió rebajar los más de 600 artículos iniciales a poco más de 200, tras arduas negociaciones con la oposición y reformas en su letra.
La delegación de facultades al Ejecutivo, la reforma laboral, la privatización de empresas públicas y el establecimiento de un régimen especial de inversiones son los aspectos más destacados de este proyecto de ley con el que Milei busca desregular la economía y minimizar la presencia del Estado.
Con un mensaje publicado en la red social X, el mandatario celebró la media sanción porque, dijo, sacará «a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas».
Milei agradeció a los diputados que, «entendiendo el momento histórico», acompañaron su proyecto y apuntó que, con este respaldo, queda más cerca el encuentro ‘de unidad’ del próximo 25 de mayo para la firma del ‘Pacto de Mayo’, que convocó en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1 de marzo.
Los diputados otorgaron la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por un año, tras declarar en el comienzo del texto presentado a debate este martes una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Este capítulo fue uno de los que generó más polémica en febrero pasado, cuando este proyecto de ley fracasó en su primer trámite parlamentario, ya que el texto original proponía dos años -prorrogables a cuatro- de emergencia en 11 cuestiones, lo que fue claramente recortado en esta nueva versión.
En otro punto con fuerte debate en el recinto, también aprobaron una lista de empresas públicas que pueden ser privatizadas, entre las que se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (medios públicos).
Bajo el título de «modernización laboral», los diputados aprobaron la reforma laboral que solicitó el Ejecutivo, que inicialmente integró el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23), promulgado en diciembre pasado y aún vigente pese a su rechazo en el Senado, y fue frenada por la Justicia a solicitud de los sindicatos.
Ahora alivianada para poder lograr su aprobación en el recinto, la reforma laboral pasó el filtro de Diputados.
La llamada reforma laboral modifica la ley de contrato de trabajo, al extender el período de prueba de tres a seis meses y permite a las convenciones colectivas de trabajo ampliarlo hasta ocho meses y hasta un año, según el tamaño de la empresa, lo que le ahorra la indemnización por despido.
También crea un «fondo de cese», que permite sustituir la indemnización por despido por un sistema de cese laboral, que puede ser privado, para solventar el pago por una desvinculación sin causa.
En cuanto al llamado «régimen de incentivo para grandes inversiones» (RIGI), busca aumentar el ingreso de capitales al país.
El RIGI -aplicable por dos años, prorrogable por un año más- cuenta con doce capítulos que crean estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años y mayor competitividad a inversiones superiores a 200 millones de dólares.
A su vez, hay beneficios adicionales para los proyectos que posicionen a Argentina como nuevo proveedor a largo plazo en mercados globales en los que no tiene participación relevante si la inversión mínima es de 1.000 millones de dólares.
Tras el fracaso parlamentario en febrero, el oficialismo abrió intensas negociaciones con la denominada oposición ‘dialoguista’ para acercar posturas con vistas a la aprobación de este texto. EFE
