La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este jueves que las sanciones de Estados Unidos contra miembros del tribunal «pueden obstaculizar gravemente las investigaciones en curso” por crímenes graves en diferentes países y “afectarían la seguridad» de las víctimas, testigos e individuos sancionados.
En un comunicado, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, subrayó su “profunda preocupación” por las sanciones contra el personal, individuos y entidades que asisten al tribunal “en la investigación, arresto, detención o enjuiciamiento de ciertas personas”.
“Las sanciones pueden obstaculizar gravemente las investigaciones en curso en todas las situaciones y otras actividades de la Corte, además de afectar la seguridad de las víctimas, testigos e individuos sancionados. La Mesa lamenta cualquier intento de socavar la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte”, agregó la Mesa, que tiene un carácter representativo y asiste a la Asamblea en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Además, señaló su compromiso para “defender y respaldar los principios y valores consagrados” en el Estatuto de Roma, y “preservar su integridad sin dejarse intimidar por amenazas o medidas contra la Corte, sus funcionarios, su personal y aquellos que cooperan con ella”.
Varios funcionarios de la Corte admitieron su preocupación por el impacto que podrían tener unas sanciones emitidas por Estados Unidos contra la CPI, y subrayan estar pendientes del alcance de las medidas que se tomen porque podrían afectar a un grupo de funcionarios, o a la institución en su totalidad.
“El Estatuto de Roma representa un compromiso internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves que preocupan a toda la comunidad internacional. Salvaguardar la integridad de la Corte, incluida su independencia judicial y fiscal, es fundamental para cumplir exitosamente con su mandato de garantizar la rendición de cuentas por dichos crímenes y ofrecer justicia equitativa a las víctimas”, añadió hoy la CPI.
Una de las primeras decisiones de Donald Trump tras tomar posesión el pasado lunes fue anular una orden ejecutiva de su predecesor, Joe Biden, que revocaba una decisión de Trump en 2020 con sanciones contra funcionarios de la CPI cuando el tribunal examinaba los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, lo que también incluía a las tropas estadounidenses.
Pero ahora es Israel quien urge a Trump a sancionar a la CPI por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza, como parte de una investigación de la situación en Palestina, que también incluye los presuntos crímenes cometidos por grupos palestinos como Hamas.
A principios de este mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley -que está ahora en manos del Senado estadounidense- para imponer sanciones y cortar el financiamiento a la CPI por la investigación sobre Israel.
No está claro cómo serán esas sanciones, pero una variante ligera que, por ejemplo, impida a empresas estadounidenses prestar servicios a la CPI tendría grandes efectos en el funcionamiento del tribunal, puesto que no podrían usar software o sistemas de pago.
Ni Israel, ni Estados Unidos son miembros de la CPI, aunque Washington sí ha cooperado con este tribunal por investigaciones como la de los crímenes de guerra en Ucrania, que llevó a la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero retiró ese apoyo cuando las investigaciones afectaron a su aliado israelí por crímenes de guerra en Gaza.
