Un total de siete personas, entre ellas una funcionaria del Ministerio de Defensa, fueron imputadas por la Justicia de Uruguay luego de que las autoridades policiales del departamento de Artigas (norte) desmantelaran una red en la que eran explotados 28 migrantes venezolanos.
Según destaca la prensa local, se trata de una organización que a través de WhatsApp les ofrecía a los ciudadanos trabajo en la canteras en el que eran obligados a cumplir más horas de lo establecido por ley así como las condiciones precarias de vivienda en el mismo lugar de trabajo.
Además, a las víctimas, a las que se les ofrecían grandes cantidades de dinero como retribución por su trabajo, solo recibían 150 dólares mensuales y se les retenían sus documentos de viaje.
La fiscal Sabrina Massafierro logró que las siete personas, entre las que también destaca una psicóloga venezolana, tuvieran medidas cautelares de arresto domiciliario, con el uso de dispositivo electrónico, por 120 días.
Además, fijar domicilio, no salir del país y entregar los documentos de viaje y la prohibición de acercamiento por un radio de 500 metros o comunicación con las víctimas.
En tanto, el ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, señaló a través de la red social X que la funcionaria implicada en este caso no ocupa un cargo de confianza dentro de la cartera.
«Caso de Artigas de trata de personas: la funcionaria involucrada es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Min Def. presupuestada. No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía.», indicó. EFE
