Estados Unidos amenazó este martes con cortar la asistencia económica y militar que destina cada año para Georgia tras la adopción definitiva de la ley sobre agentes extranjeros, rechazada por la oposición de ese país debido a su parecido con la normativa rusa que persigue a la disidencia.
«Damos a Georgia 390 millones de dólares anuales en asistencia militar, proyectos de desarrollo económico, para las instituciones y la sociedad civil. Tendremos que reevaluar todo eso si el Gobierno de Georgia considera ahora que Estados Unidos y otros países occidentales ya no somos socios, sino adversarios», dijo en una rueda de prensa Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Miller condenó la adopción de esta nueva legislación porque, a juicio de Washington, aleja a Georgia del «camino de integración europea» y desoye al pueblo georgiano que «durante semanas ha salido a las calles para expresar su oposición a la ley».
«La retórica antioccidental del partido que gobierna en Georgia amenaza la democracia georgiana, su futuro económico y su membresía en la Unión Europea, y pone en riesgo la relación con Estados Unidos», aseveró el portavoz.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, impuso la semana pasada sanciones contra diputados georgianos que aprobaron la nueva ley y anunció una «revisión integral» de las relaciones con Georgia, unas amenazas que Georgia calificó de «ridículas».
El Parlamento de Georgia rechazó este martes el veto presidencial a la ley sobre agentes extranjeros: un total de 84 diputados de los 104 presentes votó a favor de la normativa y en contra del veto impuesto el 18 de mayo por la presidenta, la europeísta Salomé Zurabishvili.
El Parlamento georgiano había aprobado la ley el pasado 14 de mayo, pero la presidenta del país vetó la norma cuatro días después y exigió su derogación, aduciendo que aleja al país de Europa.
Si la normativa, que fue rechazada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entra en vigor, las organizaciones no gubernamentales y los medios con más de un 20 % de financiación exterior tendrán que presentar una vez al año declaraciones públicas. EFE
