El Ejército colombiano acusó al Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, de atacar el miércoles un helicóptero militar en el que iba una comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría a investigar las intimidaciones de militares armados y disfrazados de disidentes de las FARC a civiles de un caserío del norte del país.
El ataque se produjo el miércoles en la tarde cuando una «comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía y la Procuraduría y demás autoridades, que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para verificar los hechos, fue hostigada con armas de largo alcance cuando se aproximaban al sector«, según explicó el Ejército ayer.
«En ese sector, en donde fue impactado el helicóptero, es un corredor del narcotráfico y teniendo en cuenta esto, se activó la inteligencia técnica, y por inteligencia técnica se pudo establecer que el Clan del Golfo se adjudica el hecho», explicó a los medios el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina.
En el ataque, donde se impactó el tanque de gasolina de la aeronave, no hubo heridos, pero la Fiscalía acusó al Ejército de no darle «garantías de seguridad a la Justicia».
Actos del Ejército
La comisión iba a investigar los hechos que ocurrieron en ese caserío de Tierralta donde militares, armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, intimidaron a los habitantes del caserío, una situación que fue rechazada desde varios sectores del país.
Ospina aseguró este jueves que los 24 militares que participaron en esta acción (1 oficial, 2 suboficiales y 21 soldados) ya fueron trasladados a Montería (capital de Córdoba) para que las autoridades puedan investigar los hechos sin interferencia de los protagonistas.
«Son 10 los militares comprometidos, quienes se alejaron de la Política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que hasta el momento se ha podido identificar», explicó el comandante del Ejército, como parte de la investigación penal que se ha abierto por delito de abuso de autoridad especial.
A estos diez miembros de las fuerzas militares, de momento, se les ha apartado del ejercicio y «no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo operacional ni de inteligencia militar».
Además, el general aseguró que «al no tratarse de actos del servicio» serán juzgados por la vía ordinaria y no por la justicia militar, por lo que es la Fiscalía quien tiene que investigar y presentar cargos.
EFE
