La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia institucional desatada por el régimen de Nicolás Maduro en contra de los venezolanos, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política.
«El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho», señaló la CIDH.
la Comisión destacó que las manifestaciones tras las elecciones pesidenciales del 28 de julio «han sido duramente reprimidas por las fuerzas del Estado y por grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como ‘colectivos'».
La represión ha reflejado patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017: i) uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdidas de vidas humanas y personas heridas; ii) detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; iii) persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales; iv) censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica; y v) obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.
La CIDH advirtió que «las prácticas de terrorismo de estado perpetradas por el actual régimen y observadas por la Comisión no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana. Prácticas que consolidan la denegación del derecho a la participación política. Ello, en un contexto de absoluta desprotección y vulnerabilidad frente a los abusos del poder respecto de los cuales no existen recursos de tutela, toda vez que los organismos de control responden al régimen y hacen parte de la estrategia represiva del Estado».
Ante esto, la Comisión hizo un llamado a la comunidad interamericana a reconocer esta grave situación, mantenerse vigilante frente a la escalada represiva y velar por la protección tanto de la información electoral disponible como de la ciudadanía que la ha salvaguardado.
Asimismo, instó a activar de forma concertada canales diplomáticos tanto bilaterales como multilaterales para la transición a la democracia
