La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, denunció este lunes que el tribunal es tratado como “una organización terrorista” por decisiones “independientes e imparciales” de sus jueces, y urgió a “reforzar sustancialmente con urgencia” las medidas de seguridad de sus funcionarios dadas “las amenazas y presiones”.
En un discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Akane condenó los “esfuerzos por politizar” el tribunal y lamentó las “amenazas con sanciones económicas draconianas” que llegan desde Estados Unidos y que tratan a la Corte “como si fuera una organización terrorista”, tras emitir las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.
“Nunca cederemos a medidas coercitivas, amenazas, sabotajes o ultrajes. La Corte, que defiende el principio del Estado de derecho, continuará persiguiendo la justicia y defendiendo la dignidad y los derechos de las víctimas de atrocidades sin temor ni favoritismo”, advirtió.
Además, consideró “impactante que ciertos Estados e individuos se escandalicen cuando jueces independientes emiten decisiones en línea con las pruebas y la ley”, cuando “lo que importa no es el dedo que señala, sino la luna”, advirtió Akane. “Más bien esperaríamos que (…) se escandalicen de que conductas criminales, establecidas según el estándar legal requerido, se hayan cometido”, alertó.
Akane señaló que “particularmente en los últimos dos años, las actividades de la Corte han atraído comprensiblemente una gran atención política”. La CPI también emitió el año pasado dos órdenes de arresto, que también causaron controversia, por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas a Rusia, un crimen de guerra.
Las órdenes de detención fueron contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. Moscú amenazó con represalias a la CPI, a la que definió como “una organización miserable”, y declaró en busca y captura al fiscal de la CPI, Karim Khan, así como los jueces vinculados a las órdenes de arresto contra Rusia: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el Sergio Gerardo Ugalde Godínez.
Tras pedir el pasado mes el arresto de Netanyahu y Gallant, la CPI se ha vuelto a ver en el centro de la controversia, con ataques desde Israel y Estados Unidos, entre otros. “Rechazamos firmemente cualquier intento de influir en la independencia y la imparcialidad de la Corte. Condenamos los esfuerzos por politizar nuestra función. Hemos cumplido y siempre cumpliremos únicamente con la ley, bajo todas las circunstancias”, agregó Akane.
Añadió que esta “situación sin precedentes ha provocado un cambio transformador en su postura de seguridad” y lamentó que los funcionarios están “gravemente preocupados de que cualquier recorte en los recursos solicitados para fines de seguridad tengan repercusiones peligrosas en la capacidad de garantizar operaciones seguras y consistentes”.
“Consideramos que las medidas de seguridad actuales para ciertos funcionarios y la Corte son insuficientes. Hacemos un llamamiento respetuoso para que las medidas de seguridad preventivas se refuercen sustancialmente con urgencia”, instó la jueza, instando a los otros 123 Estados miembros a “compartir” con el anfitrión, Países Bajos, la “responsabilidad de proteger” la Corte.
La Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, celebra del 2 al 7 de diciembre su 23º sesión, con una agenda ensombrecida por los últimos avances en investigación sobre crímenes en el Estado de Palestina.
