Los electores colombianos afrontan presiones de grupos armados ilegales en algunas regiones ante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, alertó este martes el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).
Este centro de estudios identificó «patrones atípicos» en el 7,6 % de los puestos de votación analizados, ubicados en zonas de riesgo donde podrían existir afectaciones al voto libre.
El análisis, basado en las elecciones legislativas de marzo pasado, identificó 1.019 puestos de votación con comportamientos electorales atípicos, que concentran 327.196 votos efectivos y un potencial de 494.434 personas habilitadas para votar.
«El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo», afirmó el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, citado en el informe ‘Votar con miedo’, elaborado junto a la Fundación Colombia 2050 y apoyado en una red de más de 120 observadores desplegados en al menos 42 de los 1.123 municipios del país.
El análisis señala que en esas regiones, marcadas por la presencia de grupos armados y economías ilegales, existen señales de coerción, vigilancia comunitaria, restricciones a la movilidad y compra de votos que «ameritan verificación» antes de la jornada electoral.
El pasado fin de semana la presión electoral estuvo en el centro de la polémica por un audio atribuido inicialmente a las disidencias de las FARC en el que un hombre pedía votar por el candidato izquierdista Iván Cepeda y amenazaba con sanciones económicas a campesinos de Guaviare (centro-sur) en caso de no hacerlo.
No obstante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que el audio corresponde a un caso de extorsión carcelaria y no tiene vínculos con grupos guerrilleros.
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que «la mentira y el miedo como base de la política solo traen el monstruo del fascismo» y pidió mantener un debate democrático basado en argumentos y en la verdad.
El informe del ICP documenta casos concretos de presión electoral en departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander, donde en marzo se reportaron exigencias del certificado electoral (prueba de haber votado) bajo amenazas, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas y presencia de grupos armados cerca de puestos de votación.
Además, la organización aseguró que la compra de votos dejó de ser «un fenómeno marginal» y pasó a convertirse en un mecanismo estructural de captura electoral, con pagos que en algunos lugares oscilaron entre 20.000 y 500.000 pesos (entre 5 y 130 dólares) por voto.
«El riesgo está antes de las urnas y no en el conteo», concluye el documento, que insiste en reforzar la observación nacional e internacional en las zonas consideradas críticas. EFE
