El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, afronta un nuevo escándalo de presunta corrupción a once días de terminar su mandato, el 7 de agosto, por un caso que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, la primera muy cercana al mandatario, y que subió de tono tras denuncias de una funcionaria del Gobierno y la intervención de la Fiscalía.
Según las denuncias, las hermanas Guerrero ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en distintas entidades del Estado mediante el pago de comisiones y anticipos, aprovechando supuestos contactos dentro del Gobierno nacional.
El esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos (unos 315 dólares) por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones (unos 65.520 dólares) para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos adjudicados, según una investigación publicada por la revista Semana.
El nombre de Juliana Guerrero, una joven de 23 años y sin título universitario, salió a la luz el año pasado cuando, siendo asesora del Ministerio del Interior, Petro la presentó en un consejo de ministros televisado como futura viceministra de Juventud.
«Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones», dijo entonces el mandatario.
Sin embargo, el nombramiento como viceministra se frustró luego de que se conociera que la joven había presentado un título universitario falso, pero aún así siguió en el Gobierno manejando distintos asuntos con el aval de Petro, que la defendió hasta último momento.
«Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas», dijo el domingo el mandatario en respuesta a quienes apuntaron a posibles vínculos afectivos suyos con Guerrero.
Petro se desmarca de las denuncias
El caso adquirió otra dimensión el domingo por la noche cuando Angie Rodríguez, una funcionaria que fue cercana a Petro y que actualmente dirige el Fondo Adaptación, asegurara que «había advertido personalmente al mandatario sobre el poder e influencia» que ejercía Juliana Guerrero en el Ejecutivo.
Rodríguez afirmó que fue «la única funcionaria que alertó al mandatario sobre esa situación» y sostuvo que incluso existía un decreto para retirar a Guerrero del cargo de representante del mandatario en la junta de la Universidad Popular del Cesar, pero que el documento «nunca fue firmado por el jefe de Estado», sostuvo en una entrevista con noticias RCN.
Tras esas declaraciones, Petro ordenó este lunes el cese de Rodríguez, a quien tachó de «gran manipuladora» y agregó que es «una paciente siquiátrica» que encontró eco en «la perversión de la prensa tradicional» que en su opinión, busca desacreditarlo.
El caso también adquirió este lunes una dimensión judicial después de que la Fiscalía abriera una indagación para establecer si las hermanas Guerrero integraron la presunta red de tráfico de influencias dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de pagos de empresarios.
Petro se desmarcó de las acusaciones e insistió en que la Fiscalía debe esclarecer los hechos, al afirmar en un mensaje publicado en X que, si empresarios entregaron dinero a cambio de supuestas gestiones para obtener contratos, «dieron dineros como pendejos» y que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una estafa cometida por particulares y no de una actuación de su Gobierno.
El escándalo representa uno de los últimos frentes políticos y judiciales para Petro antes de entregar la Presidencia el próximo 7 de agosto al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que pidió brindar todas las garantías de seguridad a Angie Rodríguez. EFE
