El Partido Popular español pidió este viernes la dimisión de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, en relación con un supuesto caso de corrupción por la compra de material sanitario durante la pandemia de covid, cuando ella era jefa del gobierno regional de las islas Baleares.
«La tercera autoridad del Estado (tras el rey y el presidente del Gobierno) no puede estar comprometida en acusaciones tan graves, porque compromete la dignidad de los diputados y avergüenza a los españoles», argumentó el portavoz del Partido Popular (PP, derecha), Borja Semper, en rueda de prensa.
El dirigente del PP, fuerza política mayoritaria del Congreso, aunque en la oposición, insistió en que la situación de Armengol es «insostenible», en tanto que el Partido Socialista (PSOE) la defendió al asegurar que siguió «escrupulosamente el procedimiento» en la compra de mascarillas.
La vicepresidenta del Gobierno español y vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero, añadió que «el juez no cuestiona que los contratos fueron legales», sino que investiga si «hubo personas que se aprovecharon de sacar rédito personal a costa de mordidas» (comisiones ilegales).
Según una investigación judicial en curso, la administración pública balear certificó en agosto de 2020 que una empresa llevó a cabo «de manera satisfactoria» el suministro de mascarillas contratado por 3,7 millones de euros (cuatro millones de dólares).
Sin embargo, tres años más tarde acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.
Según el sumario del caso, con múltiples ramificaciones, esa empresa estaría implicada en el pago de comisiones ilegales cobradas presuntamente en aquella época por Koldo García, asesor entonces del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos, por contratos públicos de compra de mascarillas.
Fuentes del entorno de Armengol aseguraron a EFE, que durante su mandato al frente del gobierno regional, avaló en 2020 las mascarillas que recibió de la empresa en cuestión porque no eran defectuosas: aunque no llegaban a los estándares de protección de las del tipo FFP2, eran válidas como mascarillas quirúrgicas.
Por eso, después de comprobar que una parte de las recibidas no tenían la calidad esperada, se reclamó la diferencia de precio, y no el total, apuntan las mismas fuentes.
Sin embargo, la nueva presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), dijo que no tiene interés en seguir con esa reclamación por el trámite administrativo, sino penal, con el objetivo de reclamar el total abonado, ya que «todo el contrato es fraudulento».
El ministro de la Presidencia y Justicia, el socialista Félix Bolaño, reiteró que la voluntad del Gobierno es «que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague», y pidió dar tiempo a la investigación judicial.
El PSOE pidió esta semana al exministro Ábalos que dimitiera de diputado del Congreso, su único cargo público en estos momentos, por «responsabilidad política», pero él se negó porque necesita defender su «honorabilidad», según argumentó. EFE
