La Justicia chilena decretó este miércoles prisión preventiva para dos de los tres policías acusados de cometer delitos de tortura contra varios manifestantes en octubre de 2019, episodio que tuvo lugar en el marco de la actual crisis social que vive el país.
El juez de garantía a cargo imputó a los dos agentes, del cuerpo policial de Carabineros, por torturas durante un proceso de detención a seis personas, dos de ellos menores, en una comisaría en Peñalolén, un barrio periférico al este de la capital, en la madrugada del 21 de octubre.
Según expuso el fiscal Miguel Ángel Orellana durante la audiencia, las víctimas fueron golpeadas y a uno de ellos se le aplicaron productos químicos en la cara en varias ocasiones mientras estaba esposado.
Los policías fueron detenidos el martes por orden de la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría que supuestamente evidenciaban el delito.
Gracias a las pericias audiovisuales, el juez estimó que los dos agentes suponen un «peligro para la seguridad de la sociedad» y dispuso un plazo de 100 días para que se investigue el caso.
Un tercer sospechoso, otro policía involucrado en este episodio, fue también arrestado en la víspera e imputado por delitos de apremios ilegítimos, quedando bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
Este incidente, junto al de otro policía formalizado el pasado domingo por homicidio frustrado tras haber, presuntamente, lanzado a un menor a un río durante una manifestación, ha desatado una nueva ola de críticas contra la Policía chilena.
Diversos organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), que ya habían denunciado a fines del pasado año presuntas violaciones a los derechos humanos, han vuelto a advertir al Gobierno chileno sobre un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes durante las protestas.
