La senadora republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, junto a los republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez- felicitó al Departamento de Justicia por la acusación formal presentada contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo, en 1996, del avión de Hermanos al Rescate, hecho en el que murieron cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.
“Hoy es un día glorioso, un día histórico, para el pueblo cubano, para la comunidad cubanoamericana y para cada familia a la que alguna vez se le dijo que la justicia estaba demasiado lejos, era demasiado complicada o llegaba demasiado tarde”, expresó Salazar al reaccionar a la acusación. La congresista ha sido una de las principales impulsoras de las gestiones para exigir responsabilidades por el caso ocurrido hace casi tres décadas.
Por su parte, el senador republicano Mario Díaz-Balart afirmó que durante años prácticamente no hubo rendición de cuentas “por el asesinato a sangre fría de ciudadanos estadounidenses a manos del régimen de Castro”, situación que calificó de “inaceptable”.
El republicano Carlos Giménez aseguró que “la justicia se ha demorado durante décadas, pero la dictadura cubana debe finalmente responder por sus crímenes”. Además, sostuvo que el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate “no fue un accidente ni un malentendido”, sino “un acto de asesinato a sangre fría perpetrado por el régimen de Castro contra estadounidenses inocentes que realizaban misiones humanitarias”.
La acusación formal se produce después de meses de solicitudes de rendición de cuentas impulsadas desde el Congreso estadounidense. A comienzos de este año, Salazar, junto a Díaz-Balart, Giménez y Malliotakis, envió una carta al presidente Donald Trump solicitando reabrir la investigación penal sobre la participación de Raúl Castro en el derribo de las dos aeronaves civiles. Los legisladores pidieron al Departamento de Justicia seguir la cadena de mando hasta los niveles más altos del régimen cubano y utilizar todos los recursos legales disponibles para garantizar justicia por la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal en espacio aéreo internacional.
