La organización no gubernamental Transparencia Venezuela, en el exilio por la persecución del régimen, presentó un informe que documenta cómo el empresario Raúl Gorrín construyó su fortuna a la sombra del poder chavista.
Los primeros reportes sobre el abogado y empresario multimillonario Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario se remontan a los tiempos en que fue señalado como supuesto integrante de una mafia judicial conocida como “Los Enanos”. Una estructura que, según denunció el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luis Velásquez Alvaray, comenzó extorsionando a transportistas, para luego “vender sentencias” en distintas jurisdicciones (laboral, civil, penal), designar de jueces y fiscales, adquirir un banco (Banco Canarias) hasta supuestamente vincularse con el crimen organizado y el narcotráfico.
Una vez expulsado de las filas del oficialismo y separado de su cargo como magistrado con acusaciones de cobro de comisiones y sobreprecios en la adquisición de terrenos para el poder judicial, el denunciante Velásquez Alvaray, exdiputado oficialista (2000-2004) que ingresó al TSJ en 2004 cuando Asamblea Nacional elevó a 32 el número de magistrados, se dedicó a denunciar durante años que esa mafia judicial estaba integrada por magistrados, jueces, fiscales y abogados, anclada en el alto poder político desde los inicios del primer mandato de Hugo Chávez y que a la cabeza de la “tribu” estaba el vicepresidente de la República José Vicente Rangel.
En sus denuncias, los nombres de funcionarios como Nicolás Maduro, entonces presidente de la Asamblea Nacional; el ministro de Comunicaciones y luego de Interior, Jesse Chacón e Isaías Rodríguez, para el momento fiscal general (2001-2007), eran vinculados con un grupo de abogados que tenían en común su baja estatura lo que habría dado origen al nombre de la red (“Los Enanos”).
Los abogados mencionados como los más destacados de esa estructura eran Raúl Gorrín, su cuñado y socio Gustavo Perdomo; y Mariano Díaz, muerto en 2019 al estrellarse cerca de Caracas una avioneta, “cargada de oro” del sur de Venezuela, en la que viajaba con dos modelos y un exmilitar, quien además era un empresario ligado al gobierno. Se sumaba en la denuncia de Velásquez Alvaray el nombre de Maikel Moreno, que pasó por cargos de aguacil de tribunales en 1994, juez en 2001, funcionario de Ministerio de Relaciones Exteriores cuando el canciller era Maduro y terminó como magistrado, llegando a ser presidente del TSJ en 2017. En 2023 Moreno fue acusado penalmente en Florida, Estados Unidos, por aceptar sobornos para resolver causas judiciales, y es el funcionario venezolano con más sanciones.
Gorrín ha sido señalado como financista de Maikel Moreno durante su período como presidente del TSJ (2017-2022). Reportes periodísticos afirman que Gorrín le obsequió una mansión en La Toscana a Maikel Moreno, que fue confiscada en 2023 por las autoridades de italianas.
La fortuna de Raúl Gorrín es asociada a la Oficina Nacional del Tesoro en Venezuela, ente encargado de gestionar y custodiar los fondos de la República. De los tres tesoreros con los que se ha relacionado, al menos dos fueron sentenciados por un tribunal del Sur de la Florida, Estados Unidos: Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas y secretario privado de Chávez, y su sucesora en el mismo cargo, Claudia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”. Por este esquema el empresario está en la lista de los más buscados en Estados Unidos.
Gorrín tiene al menos dos procesos abiertos por la justicia estadounidense y está sancionado por el Departamento del Tesoro de ese país desde 2019.
En este análisis se busca mostrar el rol que, de acuerdo a autoridades de Estados Unidos y medios especializados, ha desempeñado Raúl Gorrín en la gran corrupción que desangró el patrimonio público en Venezuela.
Los tesoreros de la Nación
En diciembre de 2017 se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y admitió haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín. Su sentencia fue reducida en 65% después que reveló detalles la trama, que la OFAC estimó en USD 2.400.000.000, y delató a los implicados en el esquema de corrupción contra Pdvsa, entre ellos a Gorrín y a la también extesorera, Claudia Díaz Guillén.
Entre 2011 hasta 2013 Raúl Gorrín “hizo que se efectuaran pagos de sobornos, por un total aproximado de por lo menos $65 millones en moneda de los Estados Unidos, a beneficio de Claudia Patricia Díaz Guillén”16, según detalles revelados en la sentencia de extradición a Estados Unidos de Velásquez Figueroa emitida por la Audiencia Nacional española en 2021. Los empleados de Gorrín incluso mantenían una hoja de cálculo para el seguimiento de los sobornos y el empresario continuó entregando dinero y objetos de valor a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, incluso después de que ella dejara el cargo de tesorera nacional17. La extesorera y su esposo están en la cárcel en Estados Unidos tras ser sentenciados en abril de 2023 a 15 años de prisión.
Por el caso de Andrade, Gorrín fue acusado en 2018 ante la Corte del Distrito Sur de Florida y en 2020 a través de una acusación sustitutiva en la que abiertamente se le relacionó con el caso de la pareja Díaz Guillén-Velásquez Figueroa.
En 2009 Raúl Gorrín ya era cercano a José Simón Elarba Haddad, un empresario con conexiones de alto nivel y actividades irregulares según autoridades de Estados Unidos. Elarba Haddad recibió en 2014 una transferencia sospechosa de 1.48 millones de dólares desde una jurisdicción indeterminada, a través de una empresa sin rastros identificada como Parts and Accessories Supplier, Ltd., según la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro.
Este empresario está estrechamente relacionado con el extesorero de la Nación (2013) y exdirector de Finanzas de Pdvsa (2014), Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, cuyos inicios como funcionario se dieron en 2005 como director General de Gestión Administrativa y Servicios en la Asamblea Nacional que presidía su tío político, Nicolás Maduro.
Nacional de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en marzo de 2018, por ser considerado de “alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva”.
Red de empresas en las que aparece el nombre de Raúl Gorrín
Transparencia Venezuela ha documentado numerosas conexiones que evidencian la centralidad de Raúl Gorrín en el diseño y ejecución de un entramado financiero transnacional. A través de este entramado, se adquirieron activos, se canalizaron pagos ilícitos y se ocultaron recursos de origen ilícito.
En los últimos 15 años, Gorrín ha creado o adquirido por lo menos 29 empresas, ubicadas en Estados Unidos, Venezuela, Panamá y en algunas islas del caribe. Estás compañías forman parte de su estructura corporativa extendida, con funciones clave como la adquisición de activos, triangulación financiera y registro de propiedad sobre bienes posteriormente incautados, lo cual sugiere su uso como vehículos de ocultamiento y legitimación de fondos.
A través de esta red de empresas, Gorrín ha actuado como agente de cooptación institucional, financista de actores públicos de alto nivel y operador clave en esquemas de legitimación de capitales.
