La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, exigió este jueves una «investigación exhaustiva, independiente y transparente» para esclarecer las circunstancias de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, fallecido el 24 de julio de 2025 bajo custodia del Estado venezolano, cuya muerte fue confirmada públicamente este 7 de mayo, más de diez meses después del deceso y tras un año de búsqueda infructuosa por parte de su madre de 82 años, Carmen Teresa Navas.
«Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia. Este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país», señaló González Lobato en un comunicado oficial.
La defensora también expresó condolencias a la familia y reveló que en días recientes se reunió con la madre de Quero Navas, Carmen Navas, para escuchar su caso y «reiterar el compromiso institucional con la protección de sus derechos».
Lo que el Estado ocultó durante más de un año
Según el comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Quero Navas fue detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial El Rodeo I. El 15 de julio de 2025 fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por hemorragia digestiva y síndrome febril agudo. Murió el 24 de julio de 2025 por insuficiencia respiratoria aguda, y fue enterrado el 30 de julio por el propio Estado, alegando «ausencia familiar».
Sin embargo, durante todo ese tiempo su madre recorrió cárceles, la Asamblea Nacional, los tribunales, la Fiscalía y la propia Defensoría del Pueblo buscando a su hijo sin recibir respuesta oficial sobre su paradero.
El Estado sabía dónde estaba Quero Navas desde su detención, lo hospitalizó cuando su salud se deterioró, lo enterró cuando murió, y tardó diez meses en informar a su familia, alegando que el detenido «no suministró datos sobre vínculos filiatorios».
La muerte de Quero Navas se inscribe en el patrón de fallecimientos bajo custodia estatal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció esta semana ante el Consejo Permanente de la OEA: al menos 18 personas han fallecido bajo custodia del Estado venezolano, en un contexto que el organismo describió como una «política de Estado» de represión que incluye tortura, desaparición forzada, incomunicación prolongada y negación de atención médica.
