La dirigente Delsa Solórzano insistió este martes 3 de noviembre en la necesidad de derogar por completo la Ley del Odio, al considerar que la reforma propuesta por el chavismo no corrige el carácter represivo de una normativa que, según denunció, ha sido utilizada para perseguir a quienes mantienen posiciones contrarias al poder.
El pronunciamiento, difundido a través de su cuenta en la red social X, se produjo luego de que la Asamblea Nacional chavista aprobara en primera discusión una propuesta para sustituir las penas de prisión contempladas en la legislación por multas, trabajo comunitario y otras sanciones administrativas.
«Reitero mi posición: la llamada Ley contra el Odio debe ser DEROGADA en su totalidad. La persecución no se reforma. Se elimina», expresó Solórzano, quien rechazó que modificar las sanciones sea suficiente para resolver los cuestionamientos que pesan sobre la normativa, aprobada en 2017.
La dirigente sostuvo que el problema no se limita a las condenas de hasta 20 años de prisión previstas en la ley, sino también a las facultades que otorga al régimeb para intervenir en el ejercicio de los derechos ciudadanos.
En ese sentido, advirtió que «esta ley ha servido como instrumento de persecución contra quienes piensan distinto y vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución».
Asimismo, cuestionó las disposiciones que, a su juicio, amplían el control estatal sobre ámbitos que trascienden el debate político, como la familia, la educación y la organización de las comunidades. También señaló la incorporación de estructuras del denominado Poder Popular en la aplicación de la normativa.
Para Solórzano, sustituir las penas de prisión por multas o modificar algunos artículos no resuelve los cuestionamientos de fondo. «No subsana los vicios de una legislación contraria a los principios mismos del Estado de Derecho», subrayó.
Reitero mi posición: la llamada Ley contra el Odio debe ser DEROGADA en su totalidad.
La persecución no se reforma. Se elimina.
Esta ley ha servido como instrumento de persecución contra quienes piensan distinto y vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Asimismo, extiende la injerencia del Estado a ámbitos tan sensibles como la familia, la educación y la organización de las comunidades, e incorpora a las estructuras del llamado Poder Popular en su aplicación.
Sustituir penas de prisión por multas o modificar algunos artículos no subsana los vicios de una legislación contraria a los principios mismos del Estado de Derecho.
¡DEROGACIÓN TOTAL DE LA LEY CONTRA EL ODIO!
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) November 3, 2026
