La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) demandó publicar información oficial económica, fiscal y social detallada y oportuna, como condición indispensable para la reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.
En un comunicado aprobado el 29 de julio por el Consejo de Facultad, la institución alertó que la opacidad estadística y presupuestaria del régimen chavista dificulta diseñar estrategias de recuperación eficientes, coordinar la cooperación nacional e internacional y asegurar transparencia en el uso de los recursos.
FACES reconoció los esfuerzos de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación ante Desastres (GFDRR), que ya difundieron evaluaciones técnicas sobre daños físicos y estimaciones de pérdidas. Sin embargo, subrayó que esos diagnósticos requieren como punto de partida información base previa al sismo: cuentas nacionales, indicadores socioeconómicos y datos demográficos, fiscales, sanitarios y educativos desagregados por territorio y población.
«Los datos de referencia son fundamentales para determinar el impacto general del desastre en todos los sectores, incluido su impacto en el desarrollo humano», señala el documento, que cita la guía internacional para la Evaluación de Necesidades Postdesastre (PDNA), desarrollada por la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea.
Más de una década sin datos oficiales
La Facultad recordó que en Venezuela buena parte de esa información era de libre acceso hasta 2014, pero desde entonces el régimen interrumpió o redujo la publicación de cuentas nacionales, balanza de pagos, cuentas fiscales, censos, encuestas de hogares y boletines epidemiológicos. «En algunos casos, estadísticas ya publicadas fueron retiradas de páginas web oficiales», denunció FACES.
El documento advirtió que esta opacidad persiste pese a la aprobación, desde enero de 2026, de nuevas leyes para atraer inversiones, la anunciada renegociación de deuda externa y la reanudación de relaciones del régimen con organismos multilaterales.
FACES insistió en que el diseño de estrategias de recuperación requiere un presupuesto claro, que «no debe inflarse para atender problemas o déficits de desarrollo a largo plazo», y advirtió que en Venezuela los presupuestos nacionales, sus planes plurianuales y las leyes de endeudamiento dejaron de publicarse a partir de 2016.
La Facultad también advirtió que las estrategias de recuperación no deben depender exclusivamente de fondos constituidos por donaciones y liquidación de activos, «porque el origen y duración de sus recursos no bastarán para asegurar ni visión de conjunto ni continuidad» en la atención de las múltiples consecuencias de los terremotos.
El comunicado, suscrito por el decano Ronald Balza y la secretaria del Consejo de Facultad, María Alejandra Paublini, concluyó reiterando la urgencia de publicar información oportuna, desagregada y consolidada, que contribuya a crear condiciones para iniciativas sostenibles que ofrezcan asistencia a las víctimas y promuevan la recuperación en democracia.
