Familiares de los sargentos de Cotiza y sus abogados acudieron el 9 de noviembre al Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo para notificar formalmente la huelga de hambre que mantienen 24 militares detenidos en Ramo Verde y solicitar su libertad plena e inmediata mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.
En un escrito presentado ante el tribunal, la defensa advirtió a las autoridades judiciales, penitenciarias y militares sobre su responsabilidad ante cualquier daño a la salud, integridad o vida de los detenidos. También solicitó la intervención urgente del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 124 con competencia en derechos humanos para verificar su estado de salud.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) señaló que las familias ya acudieron a las instituciones para alertar sobre los riesgos y exigió que se garantice atención médica oportuna, información directa a los familiares, acceso a sus abogados y protección frente a posibles represalias.
La organización también denunció las demoras en el proceso judicial. Según la defensa, transcurrieron dos años entre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó reponer la causa y la celebración de una nueva audiencia preliminar. Desde entonces, han pasado más de seis meses sin que comience el juicio.
Los militares llevan casi ocho años esperando una respuesta judicial, un período que, según sus familiares, ha estado marcado por la separación, los gastos y la incertidumbre.
Además de la atención médica, la defensa solicitó resolver sin más dilaciones las peticiones de amnistía, sobreseimiento definitivo y libertad plena. Aclaró que esta solicitud no implica admitir responsabilidad ni renunciar a exigir justicia por las violaciones de derechos humanos sufridas.
«El Estado es responsable de proteger a quienes mantiene bajo su custodia. Las familias ya alertaron: la respuesta no puede llegar cuando el daño sea irreversible», expresó el CLIPPVE.
🚨URGENTE | Familias notifican huelga de hambre de los sargentos de Cotiza: el Estado es responsable de su vida e integridad
Este 9 de noviembre, familiares de los sargentos de Cotiza, junto con su defensa, acudieron ante el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo para notificar formalmente el inicio de una huelga de hambre en Ramo Verde y solicitar su libertad plena e inmediata mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.
La notificación identifica a 24 militares:
1. Alexander Bandres Figueroa.
2. Yordanis Alirio Camacaro González.
3. Alberto José Piñango Salas.
4. Ronaldo Jesús Romero Aguinagalde.
5. Luis Alfredo Milanés Chirino.
6. Asdrúbal Gabriel Chirino López.
7. Geomer Narciso Martínez Natera.
8. Jorge Enrique Rico Arrieta.
9. Eliécer Moisés Montero Mújica.
10. Edgar Jesús Díaz Vivenes.
11. José Daniel González Ospedales.
12. Omar Eduardo Salcedo Méndez.
13. Andrés Alfonso Paredes Soler.
14. Luis Geraldo Oviedo Piña.
15. Luis Alberto Peña Arteaga.
Kelvin Manuel Charles Ramírez.
16. Roberto Catalino Romero Pérez.
17. Wolfang Arquímedes González Carrasco.
18. Hevert David Glod Vásquez.
19. Jlihe Thubal Hernández Palma.
20. Luis Alfredo Lobo Medina.
21. Hugo Alexander Carrillo Santana.
22. Carlos Rivero Martínez.
23. Yofre Javier Castro Alviárez.El escrito advierte expresamente al tribunal y a las autoridades penitenciarias y militares sobre su responsabilidad ante cualquier daño irreversible a su salud, integridad o vida.
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) exigimos una actuación inmediata. Las familias han acudido a las instituciones, presentado sus solicitudes y alertado del riesgo. Las autoridades no pueden ignorar esta advertencia ni esperar a que su salud se deteriore para responder.
La defensa denuncia que transcurrieron dos años entre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó reponer la causa y la celebración de la nueva audiencia preliminar. Desde esa audiencia han pasado más de seis meses sin que comience el juicio.
Cada demora prolonga también el sufrimiento de las familias: la separación, los gastos y la incertidumbre de casi ocho años buscando justicia. A esa espera se suma ahora el temor por la vida y la salud de sus seres queridos.
Exigimos atender la solicitud de intervención urgente del SENAMECF, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía 124 con competencia en derechos humanos para constatar su estado de salud. Deben garantizar atención médica oportuna, información directa a las familias, acceso a sus abogados y protección frente a cualquier represalia.
También exigimos resolver sin más dilaciones la solicitud de amnistía, sobreseimiento definitivo y libertad plena. Como deja constancia la defensa, esta petición no implica admitir responsabilidad ni renunciar a exigir justicia por las violaciones de derechos humanos sufridas.
Nadie debería tener que poner en riesgo su vida para ser escuchado por un tribunal. El Estado es responsable de proteger a quienes mantiene bajo su custodia. Las familias ya alertaron: la respuesta no puede llegar cuando el daño sea irreversible.
#LibertadParaTodos #QueSeanTodos
📷 | @ElMartilloVen
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) November 10, 2026
