La fracción parlamentaria de Voluntad Popular (VP) emitió un comunicado en rechazo al «cierre técnico» de la Asamblea Nacional de 2015 como consecuencia de la decisión de Primero Justicia (PJ) de no ejecutar el presupuesto correspondiente para este año.
«La decisión de la Junta Directiva de Primero Justicia es una cesión ante el aumento de la presión del régimen de Nicolás Maduro, para que a través de las negociaciones de México se le dé acceso a recursos recuperados del Estado. Ello, como consecuencia de su crisis de gobernabilidad interna, las luchas entre mafias en PDVSA (Caso: Tareck El Aissami, por ejemplo) y los deplorables datos económicos del último año», advirtió el jefe de la fracción de VP, Marco Aurelio Quiñones.
El dirigente político comparó la decisión de PJ con la medida adoptada por el régimen de Nicolás Maduro en el año 2016, cuando restringió los recursos del Parlamento opositor.
A su juicio se trata de una «cobarde asfixia del parlamento por vía de la negación de su presupuesto mínimo de funcionamiento. No llega a proponer el cierre formal de la instancia, pero sus palabras disfrazan un cierre técnico, que afectaría incluso la constitución del órgano».
Asimismo, advirtió que «adoptar la decisión bajo cuestionamiento resultaría perjudicial en relación al pago de los abogados de la República, que ha sido negado sistemáticamente por la jefatura política de Primero Justicia, bajo pretexto de requerir más información. No obstante, Primero Justicia lidera todas las instancias en las que estos asuntos son discutidos. Es curioso que quienes hoy aluden al principio de transparencia y reclaman más información, sean los mismos que eliminaron por vía de hecho la Contraloría Especial de la República».
Explicó, además, que la no ejecución del presupuesto «afectará la capacidad de contratar auditorias externas (realizadas anualmente durante el Gobierno Interino); el pago del personal de “cumplimiento”, encargado de supervisar el apego a los términos de cada licencia emitida por la OFAC; así como la labor diaria de contadores, abogados internos y personal administrativo, todos indispensables para la protección de los activos».
Quiñones puntualizó que «la protección de los activos no es un discurso en plaza pública, es una tarea con complejidades técnicas que no pueden ser obviadas por motivos de campaña. Eso es populismo».
CITGO en peligro
En relación a la propuesta de PJ de llevar a la mesa de negociación en México el tema de CITGO para acordar con el régimen de Nicolás Maduro un mecanismo de defensa, el representante de VP advirtió que es una propuesta «escueta y peligrosa».
«Nadie puede entender que se pretenda sujetar el destino de la protección de CITGO a los avatares del diálogo de México. El proceso de México tiene más de ocho meses paralizado por incumplimientos del régimen de Maduro. Es una irresponsabilidad amarrar el futuro de CITGO, a ese espacio. Y si no hay un acuerdo serio en México, ¿Qué pasa con CITGO?», cuestionó.
Consideró que «es impensable que mediante una negociación política se le devuelva CITGO a Maduro, porque eso llevaría a su inmediata pérdida judicial, incluso, como consecuencia de una más que probable acción penal contra la empresa (la legislación de EEUU sí prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas). Gran parte de esta investigación es confidencial, pero los datos aquí suministrados son públicos».
#COMUNICADO | Fracción Parlamentaria de Voluntad Popular rechaza cierre técnico de la Asamblea Nacional propuesto por presidenta de PJ pic.twitter.com/LQTF1iEBJv
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) May 31, 2023
