El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que en Venezuela persisten graves violaciones de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, incluyendo altos índices de feminicidios, falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos, y condiciones de reclusión inhumanas.
En su informe, presentado este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el organismo alertó sobre la ausencia de políticas públicas efectivas para prevenir y sancionar la violencia de género, así como sobre la criminalización absoluta del aborto, que expone a mujeres y niñas a riesgos graves para su vida y salud. El informe también destacó la preocupación del ACNUDH por «las alegaciones relativas a la falta de acceso a la atención y a los servicios de salud sexual y reproductiva en algunos centros [de detención]».
Alarman femicidios
El documento señala que al menos 185 asesinatos por razones de género ocurrieron entre enero y diciembre de 2024, según informes recibidos por el ACNUDH. En este sentido, advierte que «no se ha avanzado hacia el establecimiento de un observatorio nacional de violencia de género y asesinatos por razones de género, a pesar de recomendaciones anteriores».
Además, se denuncia que muchas mujeres enfrentan obstáculos estructurales para acceder a la justicia: falta de respuesta institucional, impunidad, revictimización y ausencia de protección efectiva.
El ACNUDH insta a las autoridades a «reanudar los esfuerzos para la creación de un protocolo para la investigación de los crímenes de feminicidios/femicidios y para su implementación, alineado con el Protocolo Modelo Latinoamericano para la investigación de homicidios de mujeres por razones de género».
Derechos sexuales y reproductivos
El Alto Comisionado expresó su profunda preocupación por el marco legal venezolano. «La legislación sobre el aborto sigue siendo restrictiva, e incluso penaliza el aborto en caso de violación, incesto o malformación grave del feto, a pesar de las recomendaciones formuladas anteriormente por los mecanismos de derechos humanos, así como por el ACNUDH».
La falta de garantías para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto seguro y la atención postaborto, «continúan siendo limitados, causando daños irreversibles en algunos casos y poniendo en peligro la vida de las mujeres y las adolescentes».
También se advirtió que el acceso a anticonceptivos está severamente limitado: «Las estimaciones indicaron que al menos el 40 por ciento de las mujeres y adolescentes en edad reproductiva no utilizan métodos anticonceptivos». Los factores que influyen en esta situación incluyen el alto costo de los métodos (oscilando entre 2 y 23 USD) que los hace «inaccesibles para las mujeres y adolescentes de hogares de bajos ingresos», así como «la falta de conocimiento y educación sobre salud sexual y reproductiva». El informe también señala que «el 53 por ciento de las mujeres, y adolescentes sufrieron violencia obstétrica en Venezuela al momento del parto, lo que afectó de forma desproporcionada a las que procedían de hogares de bajos ingresos».
Discriminación y violencia contra personas LGBTIQ
El informe dedica un apartado a denunciar la situación de personas LGBTIQ+ privadas de libertad, incluyendo adolescentes. El ACNUDH recibió «más denuncias de discriminación y violencia contra personas LGBTQ+ privadas de libertad, incluidas adolescentes», a quienes «se les obligaba a realizar tareas para otras personas detenidas». Es particularmente preocupante la alegación de que «las personas trans fueron asignadas a centros de detención según su sexo de nacimiento, lo que las exponía aún más a riesgos de protección durante su custodia».
Además, el Alto Comisionado subrayó la existencia de un discurso oficial homofóbico y transfóbico: «Según se informa, la retórica sexista y contraria a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos se utilizó por funcionarios del Estado, incluso de altos rangos, para desacreditar a simpatizantes y miembros de partidos contrarios». El informe destaca que «el discurso de odio contra las mujeres, las personas LGBTQ+ u otros grupos contribuye a erosionar el derecho a participar en los asuntos públicos sin discriminación». El ACNUDH también lamenta que «desde 2008 seguían sin investigarse más de 138 homicidios de personas trans», y que «no se informó de ningún avance en la elaboración y adopción de un protocolo de investigación específico para los crímenes motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima».
Llamado a garantizar derechos y combatir la impunidad
La ONU exhortó al Estado venezolano a adoptar medidas urgentes y sostenidas para garantizar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, incluyendo:
- Publicar «datos sanitarios y epidemiológicos exhaustivos y desglosados, con especial atención a las necesidades de las mujeres y las adolescentes, los Pueblos Indígenas y la salud sexual y reproductiva, facilitando así la plena comprensión del alcance y la escala de las necesidades sanitarias, permitiendo una toma de decisiones informada y una asignación de recursos eficaz».
- Despenalizar el aborto y asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
- Garantizar condiciones de detención dignas y respetuosas de la identidad de género, asegurando que «todas las detenciones cumplan plenamente el derecho internacional de los derechos humanos».
- Investigar y sancionar toda forma de violencia de género y violencia basada en orientación sexual o identidad de género, garantizando la rendición de cuentas por los crímenes cometidos.
- Promover el derecho a participar en los asuntos públicos sin discriminación.
