La Red Justicia y Libertad de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos y los Andes (Fundehullan), presentó su informe trimestral en la vulneración y violación a los derechos humanos siendo la criminalización a la sociedad civil el factor predominante por parte de quienes ejercen el poder en Venezuela, a través de los organismos de seguridad del estado.
Así lo informó el presidente de la organización, Roland Garcia, desde el estado Barinas. «Para la Red Justicia y Libertad y Fundehullan, es preocupante los resultados de la documentación donde prevalece la estigmatización contra las ONG, fundaciones, gremios y sindicatos y es un patrón reincidente y continuo, de igual forma las limitaciones a la libertad de expresión afectando el desempeño de los medios de comunicación y periodistas, así como el derecho de la población venezolana a mantenerse oportunamente informada«, indicó.
Señaló que «en el monitoreo e investigaciones realizadas por el equipo desplegado por la Red Justicia y Libertad, en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa de la región llanera, y de los Andes Mérida, Táchira y Trujillo, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, dio como resultado;
- Estigmatización a ONG (1)
- Detenciones arbitrarias (12)
- Ataques contra la libertad de expresión (intimidación a periodistas) (3)
- Ataques a la libertad de prensa (cierre arbitrario de emisoras de radio y confiscación de equipos) (1)
Con respecto a las detenciones arbitrarias, la Red Justicia y Libertad documento 12, en las que los ciudadanos fueron hostigados y posteriormente detenidos cuando exigían el respeto a los derechos humanos, como el caso del productor agropecuario Rafael Muñoz.
Durante el trimestre Fundehullan fue nuevamente objeto de estigmatización, el pasado 18 de mayo del año 2022, fue víctima de hostigamiento y señalada de desestabilizar la tranquilidad del estado por parte de los funcionarios de la Policía regional del estado Barinas a través de un tweet, desprestigiando y descalificando la labor que desempeña el equipo de Fundehullan en la región de los llanos y andes de Venezuela.
«En cuanto a la vulneración a la libertad de expresión, la organización documentó que tres (3) periodistas del estado Táchira fueron intimidadas por funcionarios de seguridad del Hospital Central de San Cristóbal, cuando cubrían una protesta de los pacientes. siendo los periodistas y Trabajadores de la prensa los más afectados, así como simpatizantes de organizaciones políticas de la oposición, expresó García.
En el proceso documentativo esta organización dirigida por Fundehullan registro cierres de dos (02) emisoras una en Guárico, los funcionarios de CONATEL y la GNB confiscaron los equipos, y la otra emisora afectada funcionaba en el estado Barinas, en este caso los funcionarios intentaron confiscar los equipos, pero no lograron hacerlo.
García también expresó que «es más evidente la política de criminalización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sus instituciones. El Estado Venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que obstaculizan e impiden la labor de defensa y acción humanitaria en la región de los Llanos y Andes, incumpliendo los estándares y obligaciones internacionales que están enmarcadas en proteger a las personas y organizaciones defensoras como parte de la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar todas sus libertades cívicas para ejercer la labor de defensa».
A continuación el informe completo:
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