La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó este lunes que se mantiene en alerta ante posibles represalias por parte del régimen chavista contra los empleados y trabajadores públicos que se sumaron al paro de 12 horas convocado por la Intersectorial de Trabajadores.
A través de un pronunciamiento publicados en sus cuentas oficiales en las redes sociales, la ONG advirtió que «el andamiaje jurídico represivo que restringe y criminaliza los derechos a la huelga y a la asociación y reunión pacíficas, sigue intacto y, en el pasado reciente, ha sido empleado para judicializar a cientos de trabajadores o promover actos de hostigamiento y discriminación por razones políticas».
De acuerdo con el balance reportado por Provea, la convocatoria registró movilizaciones pacíficas en al menos ocho estados del país -Aragua, Apure, Barinas, Carabobo, Zulia, Bolívar, Lara-, mientras que en Caracas (Distrito Capital) se desarrollaron protestas simultáneas en puntos como Plaza Venezuela, San Martín, Catia, Plaza O’Leary, Caricuao, Altagracia y Antímano.
La organización señaló que estas manifestaciones pacíficas, impulsadas por gremios y sindicatos, exigen el cumplimiento de las obligaciones laborales del Estado tras años de estancamiento salarial y desconocimiento de las convenciones colectivas.
Exhortó a las autoridades a respetar la protesta pacífica y atender los reclamos socioeconómicos de la fuerza laboral en medio de la prolongada emergencia humanitaria compleja: «Aspiramos que las autoridades asuman su obligación constitucional de garantizar el ejercicio de estos derechos, se abstengan de ejercer medidas que los restrinjan o amenacen y cumplan sus obligaciones con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en medio de la creciente conflictividad social».




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