La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, documentó en el informe presentado este miércoles, al menos cinco actos de hostigamiento en 2022 y seis en 2023 contra la candidata a la primaria Delsa Solórzano.
El documento alertó que Solórzano sigue siendo víctima de hostigamiento, a través de actos que han ido desde el seguimiento y la vigilancia por parte de distintos cuerpos de seguridad del Estado en diferentes lugares del país, en el contexto de su gira nacional como candidata a las primarias, hasta amenazas directas por parte de funcionarios del Estado.
Las situaciones más frecuentes ocurren cuando Solórzano se desplaza por vía terrestre o aérea hacia las localidades donde realiza sus actividades políticas.
Una fuente entrevistada por la Misión dijo que, cuando Solórzano viaja en avión, personas pertenecientes a colectivos la esperan a su llegada a los aeropuertos, e incluso dentro de los aviones, sentados muy cerca de los asientos de Solórzano y de su equipo.
Según esta fuente, citada en el informe de la ONU, estas personas vestidas de civil toman constantemente fotografías y graban videos de los movimientos de Solórzano y su equipo.
Detalla que cuando se desplaza por carretera, es constantemente vigilada por funcionarios de cuerpos de seguridad vestidos de civil, en vehículos sin placas y con vidrios oscuros, que la siguen a todo lugar a donde ella se traslada e instalan alcabalas para intentar frenar su avance.
Según la fuente entrevistada por la Misión, dichas personas pertenecen al SEBIN y a la DGCIM por su modus operandi. Usualmente, estos vehículos permanecen apostados en la entrada de los hoteles donde Solórzano se hospeda. En algunas ocasiones, los vehículos están identificados y llevan el rótulo del SEBIN.
El informe detalla incidentes ocurridos en los últimos 12 meses, destacando el registrado en 1 de abril de este año en el barrio La Lucha de Catia la Mar en el estado La Guaira, donde un grupo de oficialistas golpeó y amedrentó tanto al equipo como a la propia candidata.
La Misión recordó que en diciembre de 2019, la CIDH emitió medidas cautelares de protección a favor de Solórzano, tras considerar que los actos de hostigamiento y amenazas hacia ella, desdeel año 2017, la colocaban en una situación de gravedad, urgencia y de riesgo irreparable para sus derechos.
Con base en lo expuesto, la Misión indica que tiene motivos razonables para creer que Delsa Solórzano, durante 2022 y 2023, continuó siendo objeto de actos de hostigamiento similares a los ocurridos en años precedentes y en repetidas oportunidades por parte de agentes del Estado por ser una figura política de la oposición y candidata a las elecciones primarias de 2023.
La Misión también tiene motivos razonables para creer que funcionarios del SEBIN y de la DGCIM, así como miembros civiles de los colectivos, participaron en los actos de seguimiento y vigilancia. Los miembros civiles de los colectivos también participaron en actos de agresiones físicas.
Por su parte la candidata aseguró desde Monagas, estado en el que sufrió el fin de semana fuerte hostigamiento, que se mantendrá recorriendo el país.
